Esfuerzo multilateral para combatir la evasión fiscal

La deuda y los déficits públicos son más elevados que nunca a causa de la pandemia. Los países europeos y Estados Unidos deben realizar cuantiosas inversiones en la economía digital y descarbonizada, así como para afrontar el declive de la clase media. Por su parte, en los países en desarrollo se mantiene la necesidad de invertir en sus sistemas sanitarios y en la recuperación económica tras la pandemia. Entretanto se avecina una crisis de infrafinanciación de los sistemas de pensiones fruto del cambio demográfico. Ahora que la necesidad de ingresos públicos es más acuciante que nunca, 136 países han suscrito un acuerdo orientado a captar parte de los miles de millones de dólares que cada año van a paraísos fiscales mediante la imposición, a partir de 2023, de un tipo mínimo global en el impuesto sobre sociedades. 

La Unión Europea, la OCDE y muchos Gobiernos nacionales llevaban años reclamando un pacto para contrarrestar el aumento de la evasión fiscal en todo el mundo. Según estimaciones de la Tax Justice Network (Red para la Justicia Fiscal), los países pierden cada año unos 427 000 millones de dólares en ingresos fiscales. Más de la mitad de dicha recaudación procede de empresas que trasladan su sede a paraísos fiscales mientras siguen operando en los mercados locales. La agencia tributaria de EE. UU., la IRS, cifra la pérdida en 1 billón de dólares solo en su país. Gabriel Zucman, profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley y experto en evasión fiscal, calcula que más de la mitad de los beneficios procedentes del extranjero de las multinacionales estadounidenses se contabiliza en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo o los Países Bajos. Las estimaciones sobre el total de ingresos que los ricos ocultan en paraísos fiscales oscilan entre los 8,7 billones de dólares calculados por Zucman y unos astronómicos 36 billones de dólares según el economista James S. Henry. En términos absolutos, estas pérdidas de ingresos son mayores para los Gobiernos de países desarrollados, si bien representan un porcentaje mucho más amplio de los presupuestos públicos en los países en desarrollo. En un momento en que casi todos los países han de lidiar con mayores cargas de deuda tras la pandemia, los Gobiernos anhelan repatriar parcialmente esos ingresos perdidos. 

El pacto sobre un impuesto sobre sociedades mínimo firmado a principios de mes y que se debatirá este el próximo fin de semana en la reunión del G20 en Roma significa el avance más importante en materia de fiscalidad empresarial en más de un siglo. El acuerdo se sustenta en dos ejes. El primero aborda la distribución de los ingresos fiscales. Actualmente, muchas grandes multinacionales dejan de pagar impuestos en los países donde operan, pese a obtener cuantiosos ingresos allí, porque los antiguos regímenes fiscales exigían a las empresas la presencia física para tributar. A partir de ahora, las multinacionales cuyas ventas mundiales superen los 20 000 millones de euros y que tengan una rentabilidad de más del 10 %, deberán pagar una «parte justa» de sus impuestos en cualquier país donde vendan sus productos, aunque no tengan presencia física en él. Estas multinacionales, pues, tendrán que reasignar el 25 % de su beneficio por encima del umbral del 10 % a las jurisdicciones de cada mercado en función de sus ventas en él. En este eje falta concretar los términos exactos de la referida parte justa, si bien lo más probable es que empresas como Facebook o Google ya no puedan concentrar todas sus obligaciones fiscales en países de tributación baja sin pagar impuestos en otros países donde las ventas les reportan miles de millones de dólares en ingresos.  

Con respecto al segundo eje, sobre el impuesto mínimo, requeriría que todos los países firmantes gravaran los beneficios de cualquier sociedad con sede en su territorio, al menos, con un 15 %. Esto reduciría los incentivos para que las grandes empresas a las que afecta el acuerdo (multinacionales cuyos ingresos anuales superan los 867 millones de dólares o los 750 millones de euros) trasladaran sus operaciones a paraísos fiscales al objeto de evitar el pago de impuestos; las obligaría, asimismo, a pagar una proporción mayor de sus beneficios como impuestos en su propia jurisdicción. Además, detendría la «competición a la baja» entre los países que llevan décadas reduciendo los tipos del impuesto sobre sociedades para atraer más actividad empresarial —incluso Estados Unidos podría considerarse actualmente un paraíso fiscal después de que Trump rebajara este gravamen—. La OCDE, organismo de investigación económica y social de los países desarrollados que contribuyó a la redacción del acuerdo, estima que el nuevo impuesto mínimo generará alrededor de 150 000 millones de dólares al año en ingresos fiscales adicionales en todo el mundo.  

En aras de lograr este acuerdo histórico hubo que realizar concesiones a muchos países. Mientras que, por ejemplo, Estados Unidos pedía un impuesto mínimo del 21 %, Irlanda se negó a firmar que el tipo superara el 15 %. Para que ciertos países se mostraran dispuestos a adherirse al pacto, las pequeñas empresas debían quedar exentas. En vista de que el Congreso de EE. UU. podía bloquear la ratificación del acuerdo, otros países firmantes accedieron a aplazar dos años más sus planes de fijar un «impuesto digital» dirigido sobre todo a los gigantes tecnológicos estadounidenses. China, reticente en un primer momento, no firmó el pacto hasta que no se incorporó una cláusula que le capacitaba para limitar la aplicación del impuesto mínimo global a aquellas empresas chinas que acaban de comenzar su expansión internacional. Al final, la mayoría de los países se sumaron al acuerdo, siendo los únicos países que se negaron a hacerlo Sri Lanka, Pakistán, Nigeria y Kenia.  

El acuerdo para fijar un impuesto sobre sociedades mínimo a escala mundial es solo el comienzo. Al principio se esperaba que el impuesto mínimo global del 15 % pudiera elevarse progresivamente, si bien, para atraer firmantes, los países se comprometieron a no aumentar más dicho tipo mínimo —en todo caso, cualquier país puede, a título individual, aplicar un tipo igual o superior al mínimo del 15 %—. En muchos países, el 15 % es inferior a su tipo actual del impuesto sobre sociedades. De ahí que los países en desarrollo teman que el impuesto mínimo se convierta de hecho en el máximo por lo complicado que les resultará imponer a sus empresas nacionales un tipo mayor del que se aplica en el mundo rico. Esta circunstancia les privaría de unos ingresos vitales, dado que dependen más del impuesto de sociedades que del de la renta. Algunos expertos especulan con la posibilidad de que gigantes como Amazon no se vean afectadas por el acuerdo por cuanto esta declara tasas de beneficios menores al 10 %.  

De todas maneras, se confía en que, pese a todos los inconvenientes, el acuerdo suponga el inicio de una batalla más eficaz contra la evasión fiscal internacional y un importante avance en la cooperación multilateral.