Formalización del empleo y reducción de la pobreza

Tenemos 628 mil nuevos pobres en un solo año, llegando la pobreza total a casi un tercio (27.5%) de la población. Y si añadimos que alrededor del 40% de la población es considerada vulnerable –que cualquier evento los devuelve a colocarse por debajo de la línea de pobreza–, un crecimiento del PBI cercano al crecimiento poblacional (1.2%) es un peligro. La mayor parte de los pobres o vulnerables tienen empleos precarios. El subempleo llega al 45.9% de la PEA. Los pobres son los que han visto disminuidos más sus ingresos reales por efecto de la inflación, sobre todo de alimentos, y tienen una precaria protección social, solo el 35% está afiliado a algún sistema de pensiones.

Los peruanos hemos probado ser exitosos combatiendo la pobreza al bajar casi 40 puntos porcentuales en apenas tres lustros (de 58.7% en el 2004 al 20.2% en el 2019). En el mismo periodo, redujimos la pobreza extrema de 16.4 al 2.8%. El reciente informe del Banco Mundial es claro al indicar que el crecimiento económico explica, en un 85%, la reducción de la pobreza en las primeras dos décadas del siglo XXI. Pero reclama un cambio en nuestro crecimiento para que no lleve a mayores niveles de precarización de los estándares de vida. Para ello, debemos enfocarnos en el crecimiento de la inversión privada, que tiene un efecto multiplicador del PBI mayor que la inversión pública.

El Estado debe impulsar este crecimiento invirtiendo en bienes y servicios públicos de calidad. Hace bien el MEF en tener un programa de impulso a la reactivación económica –que incluye impulso al consumo de las familias, a la inversión pública y el destrabe de grandes proyectos de inversión–; sin embargo, está ausente la mirada de desarrollo de largo plazo, donde las actividades productivas privadas son las grandes dinamizadoras, sobre todo en regiones. El sector privado necesita reglas claras para expandir sus inversiones. La inestabilidad e ingobernabilidad los espanta.

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La informalidad, que en su momento fue un amortiguador de las crisis pasajeras, ya no lo es más. Que más del 70% de la PEA ocupada esté en empleos precarios no tiene ningún sentido práctico si buscamos un desarrollo perdurable. Solo refleja la baja productividad laboral y sus exiguas posibilidades de salir de la trampa de las economías de ingresos medios. Es por ello que las reformas relacionadas a la formalización laboral y la seguridad social integral son pendientes impostergables que deben ser debatidos, no solo en los espacios académicos y empresariales sino en los espacios políticos. Todos los poderes del Estado deberían conocer los impactos que tienen sus decisiones sobre el empleo, el crecimiento y el desarrollo del Perú. Es muy importante que las reglas que rigen el mercado laboral sean suficientemente flexibles. Si seguimos incentivando contratos a plazo fijo en vez de indeterminados, si el costo del despido o la suspensión en momentos de crisis es muy alto, la precarización del empleo seguirá siendo nuestra realidad.

Si endurecemos y hacemos menos flexible el mercado laboral, lo que logramos es más informalidad y menor productividad”.

Los incentivos para generar empleo de largo plazo, con adecuada protección social, son nulos. Con ello, el acceso a mercados más desarrollados también se limita, pues en estas plazas las exigencias de un buen cumplimiento de las reglas de OIT se acrecientan. Por ello, debemos plantearnos estas transformaciones como tarea inmediata. De nada sirve que se siga autorizando retiros de los fondos privados de pensiones porque solo generamos menor protección social, mayores contingencias fiscales, que las próximas generaciones tendrán que pagar.

Si endurecemos y hacemos menos flexible el mercado laboral, lo que logramos es más informalidad y menor productividad, condenando a más personas a la pobreza. Tampoco podemos continuar con la atomización de empresas. Los propietarios de pequeñas unidades productivas suelen ser también los más expuestos a riesgos catastróficos, como fue la pandemia, tienen limitado acceso al financiamiento y el horizonte de vida de su empresa es más breve, sin posibilidades de transformarse en mediana o gran empresa eventualmente. Eso implica lograr un sistema tributario que aliente el crecimiento empresarial, que no las condene a ser mipyme siempre.

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Por supuesto, necesitamos un Estado fuerte que provea servicios básicos como educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, electricidad e internet a todos. Así partiríamos de una base mínima de bienestar. Pero, para ello, necesitamos crecer, generar recursos, empleo y capacidades de consumo interno. Necesitamos más impuestos, y esto se logra solo con más inversión privada formal. Entremos a debatir temas de fondo para el desarrollo del país. No sigamos en discusiones ideológicas estériles.

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