Por Julio Lira Segura Director de Gestión
El domingo, el Perú celebró 198 años de la declaración de la independencia. A lo largo de su historia, el país ha vivido periodos difíciles, y más de uno de intensa conflictividad interna.
En los últimos 20 años, si bien se tuvieron latentes varios conflictos sociales, se pudo lograr un crecimiento que permitió reducir la pobreza en porcentajes que no se han visto en otros periodos de la República y también pudo resurgir la clase media, que prácticamente había desaparecido con la crisis de los 80.
Sin embargo, estos resultados convivieron con importantes problemas cuya solución en algunos casos se dejó de lado y en otros se dilató por temor de los gobiernos de turno a asumir los costos de las reformas. Y no solo de las de tipo económico, sino principalmente las institucionales.
A la par que se lograban altas tasas de crecimiento, las instituciones públicas, en especial las políticas, se quedaron en el siglo pasado, envueltas en sus limitaciones y cada vez con una mayor corrupción.
Cuando, en diciembre del 2016, se conocieron las primeras cifras de los sobornos de Odebrecht, pocos podían estimar la Caja de Pandora que se abrió, cuyas consecuencias las seguimos viviendo hasta hoy.
Si bien es importante el crecimiento, como más de una vez ha sostenido Gestión, no puede estar basado solamente en las cifras macroeconómicas sino que tiene que estar acompañado de una mayor calidad de vida para los peruanos. Los avances en este último caso fueron a paso más lento. Lo mismo sucedió en la lucha contra la corrupción.
Hoy el país enfrenta otro reto. Más allá de las culpas y diagnósticos, a lo cual los peruanos estamos acostumbrados a embelesarnos, el desafío es encontrar una luz, que sin salirse del marco constitucional permita superar en el menor tiempo posible la crisis política que hoy se vive.
Pero no nos engañemos. El adelanto de las elecciones generales es solo el primer paso. Enfrentamos el riesgo de que la conflictividad no se supere si es que las reformas institucionales no se concluyen, pero no con apuro ni a regañadientes, sino con el convencimiento de que son necesarias. Esa es una tarea que puede no concluirse en el resto del tiempo que les quede a las autoridades del Congreso o ser el primer punto de la agenda de las que se elijan en los próximos meses.
Lo anterior no se podrá lograr si la conflictividad subsiste, y peor aún si es exacerbada por quienes cuestionan el régimen económico vigente y se valen de las reformas judiciales y políticas para posteriormente intentar la modificación de los pilares que sustentan la economía de mercado.
También es clave discutir la representatividad de las autoridades que elegimos los peruanos tanto a nivel nacional, como regional y local, pues se ha vuelto una tendencia que organizaciones o frentes no elegidos terminen arrogándose una representación que no tienen.
Aunque eso muchas veces sucede porque las que son elegidas tienen poca representatividad y por lo tanto poco poder. Las próximas semanas estarán marcadas por la incertidumbre, por lo que se necesitarán voces que alienten consensos en vez de aquellas que promuevan conflictos.
Pero no nos engañemos. El adelanto de las elecciones generales es solo el primer paso.