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Presidenta de AFIN/Jefa de Estudios Económicos de AFIN
Más de siete millones de peruanos no acceden a agua o saneamiento y solo la mitad de los hogares consume este bien básico con niveles adecuados de cloro.
El Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 estima que la inversión necesaria para el cierre de la brecha de infraestructura en este sector ascendía a 51 mil millones de soles en el 2020, y que, en el hipotético caso de no realizarse inversiones en los próximos años, esta brecha crecería a cerca de 100 mil millones al 2030.
La particularidad de este sector es que presenta una alta atomización de entidades prestadoras: 50 EPS en las principales ciudades, 603 prestadores urbanos en pequeñas ciudades y más de 27,000 prestadores rurales.
En el ámbito urbano de las pequeñas ciudades, solo el 61% de sistemas de agua potable se encuentran en buen estado y en las zonas rurales, el 42.6%. Además, a nivel nacional el 29.6% de aguas recolectadas residuales no reciben tratamiento. 23 EPS no realizan el tratamiento de aguas residuales, de las cuales 18 no tienen una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), según el PNS. En las pequeñas ciudades, el 14% de 153 PTAR identificadas por la Sunass en 2020 fueron abandonadas por el operador.
La inversión en infraestructura requiere ser complementada con los componentes de operación y mantenimiento para garantizar su sostenibilidad. Es necesario impulsar las modalidades que fomenten y garanticen la sostenibilidad de los servicios a favor de la ciudadanía. Las asociaciones público-privadas (APP), son una excelente herramienta sobre la cual existen una gran variedad de experiencias exitosas en este sector.
A nivel internacional destacan los casos de la PTAR de Atotonilco que logró sanear el 60% de aguas residuales de la ciudad de México; y la concesión de agua y alcantarillado de Guayaquil que permitió incrementar la cobertura del servicio de agua de 50% en 2001 a 90% en 2016, así como el servicio de alcantarillado de 33% a 71%.
También existen casos nacionales que evidencian que la participación privada es clave para avanzar en el cierre de brechas de este sector. En Lima Metropolitana y Callao, hay cinco APP en operación: Proyecto Chillón I, Derivación Huascacocha, PTAR Taboada, PTAR La Chira y Provisur; las que participan del proceso de tratamiento de agua potable y de aguas residuales de Sedapal.
Estas APP han contribuido a que esta empresa pública haya podido pasar de un 21.27% de aguas residuales con tratamiento en 2012, a más del 92% en la actualidad, tomando en cuenta que las tres PTAR concesionadas a operadores privados concentraron el 81.9% de las aguas residuales tratadas en la capital, mientras que las 21 PTAR bajo la administración directa de Sedapal, solo el 18.1%.
Desde un enfoque territorial la problemática debe afrontarse en función a los ámbitos regionales o macrorregionales en los que la ciudadanía desarrolla sus actividades sociales y productivas, y no en función a las competencias administrativas de cada prestador, que es a lo que nos lleva el fraccionamiento actual.
Asimismo, un amplio ámbito de cobertura con diversidad de segmentos socioeconómicos hace más factible la posibilidad de aplicar subsidios cruzados desde los hogares con mayor capacidad económica hacia los económicamente más vulnerables. Este aspecto estructural debe tomarse en el análisis considerando que al 2020 solo el 34% de EPS tenían subsidios cruzados focalizados implementados.
“Recordemos que al final de cuentas, todos los esfuerzos en torno al cierre de brechas para la dotación de servicios públicos de calidad deben tener al ciudadano al centro de los mismos”.
La estrategia del MVCS para el cierre de brechas incluye la intervención a través de APP. Uno de los proyectos en etapa más avanzada es el proyecto “Obras de cabecera y conducción de agua para Lima” que permitirá aumentar la disponibilidad de agua potable para ampliar y mejorar el servicio a un millón y medio de habitantes de Lima Este y Lima Sur. Por ejemplo, se podría aumentar la continuidad del servicio de agua en Pachacámac, donde actualmente es de alrededor de seis horas y media. Esperamos que su adjudicación no sufra mayores retrasos.
La cartera APP también comprende 14 PTAR (además de la ampliación de La Chira), tres proyectos de desaladoras en Ilo, Paita y Lambayeque; una Planta de Tratamiento de Agua Potable en Cajamarca y un proyecto para el saneamiento rural en comunidades de Loreto.
De otra parte, una modalidad con potencial para la atención de necesidades a corto plazo es la compra de servicios o la compra de agua “en bloque”, que podría beneficiar a pequeñas ciudades. En esta modalidad, el Estado establece los niveles de servicio y estándares de calidad sobre los cuales el operador privado deberá ofrecer los servicios. Esta es una vía mucho más rápida para los usuarios porque no implica pasar por el largo proceso para ejecutar una obra pública.
Recordemos que al final de cuentas, todos los esfuerzos en torno al cierre de brechas para la dotación de servicios públicos de calidad deben tener al ciudadano al centro de los mismos.