Las graves consecuencias de la denegación rusa de la condición nacional de ucrania

Inmediatamente después de que el Presidente Putin presentara el marcho histórico que justificase eventualmente una invasión de Ucrania, éste procedió al reconocimiento estatal de las “repúblicas” de Donetsk y Luhansk, a establecer relaciones diplomáticas y suscribir sendos acuerdos de cooperación con ellas. De esta manera artificiosa empezaba resolverse, según Putin, una injusticia histórica (la sustracción de Ucrania de Rusia seguida luego por la “mayor catástrofe geopolítica” que fue la fragmentación de la URSS).

Es más, el presidente ruso racionalizó la mutilación justiciera de Ucrania -precedida por la anexión rusa de Crimea en 2014- a través de la denegación de la existencia de ese país como nación (su territorio y población fue rusa desde siempre interpretó Putin). Esta afirmación tiene la gravedad que acerca a quien la esgrime a la aniquilación del contrario.

Para llegar a ese punto, Putin responsabilizó a Lenin y Stalin por la creación de ese Estado mientras que Kruschev añadió perjuicio a Rusia amputándole Crimea para entregarla a la artificial república. Y más recientemente, la proclividad anti-rusa de Ucrania se concretó mediante el golpe de Estado del 2014 que alineó a ese Estado con Occidente con serias consecuencias económicas y de seguridad para Moscú sentenció Putin.

Ese razonamiento ad hoc señala que el presidente ruso considera seriamente la “recuperación” de la totalidad de Ucrania. En consecuencia, el “reconocimiento” de Donetsk y Luhansk sería sólo el primer paso de otros no establecidos con claridad.

Para consolidar ese paso, Putin consultó con la Duma -que ya había “recomendado” el reconocimiento en cuestión- el envío de tropas a las nuevas “repúblicas” para “mantener la paz” en ellas. La autorización se obtuvo pero el envío de tropas aún no se ha realizado.

Tal omisión ha desatado conjeturas sobre si Rusia ya ha invadido o no Ucrania. De la respuesta a ese planteamiento depende la reacción que deba dar la comunidad internacional. Estados Unidos considera que la invasión “ha empezado”. En consecuencia, ha iniciado la retaliación por la escala baja de las sanciones económicas previstas. Éstas se incrementarán conforme la invasión rusa vaya aumentando. La Unión Europea y el Reino Unido están procediendo de similar manera (China, señalando a quién favorece, discrepa de la imposición de sanciones a Rusia).

Esa sanciones iniciales (que abarcan el bloqueo de Rusia a los mercados primario y secundario para financiamiento de deuda, la negativa norteamericana de tolerar inversión extranjera y comercio en y con las “repúblicas”, la suspensión de la certificación del gasoducto Nord Stream por Alemania, y sanciones puntuales sobre individuos, funcionarios y parlamentarios rusos) indicarían que si los sancionadores tienen dudas sobre si se ha iniciado o no una invasión, están por lo menos claros en que la amenaza de agresión es patente.

Precisamente por ello esperan que todavía sea posible una solución diplomática (asunto complejo remarcado por el cerco territorial y marítimo de Ucrania). A pesar de que los miembros de la OTAN sostienen que esa solución depende del comportamiento ruso, la comunicación entre los contrincantes por canales alternativos debe ser muy intensa.

Al respecto, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha demandado ante la Asamblea General que la contienda se resuelva en el marco de las disposiciones de la solución pacífica de controversias (art. 33 de la Carta de la ONU), ha adelantando su ofrecimiento de buenos oficios y ha exigido que se permita la ayuda humanitaria a más de 2 millones de desplazados y necesitados.

Al respecto, Guterres espera que las partes se focalicen en la implementación del segundo acuerdo de Minsk. El problema al respecto reside en que ese acuerdo se refiere, en parte, a la separación de fuerzas y armas en la región de Donbás (de la que forman parte Donetsk y Lukansk). Habiendo éstas sido reconocidas por Rusia, Ucrania habría perdido el dominio sobre ellas y, por tanto el acuerdo habría quedado sin materia. Tal es el argumento ruso.

Este problema no es sólo jurídico en tanto, en la más reciente reunión del Consejo de Seguridad, el consenso en torno a una eventual solución se basó en negociar en el marco de ese acuerdo.

En la eventualidad de que el acuerdo de Minsk desapareciera como prioridad, la agenda indica que las “garantías de seguridad” reclamadas por Rusia (orientadas a impedir que Ucrania sea incorporada a la OTAN o a la Unión Europea así como a un retroceso de la presencia militar de la OTAN en el antiguo vecindario ruso) y por Estados Unidos (sobre control, de armamentos, medidas de fomento de la confianza, no proliferación, etc.) regresarían al primer plano.

En ese escenario, el compromiso ruso de no invadir el resto de Ucrania y que Occidente acepte quizás, a cambio, la relación territorial entre Donbás y Crimea) es una posibilidad. La realidad del poder se habría impuesto así minimizando daños para todos …pero a costa del Derecho. De momento, no es ése el escenario a la vista. Pero puede serlo en el horizonte lejano.

Mientras tanto, nuestras autoridades debieran cumplir con algunas tareas esenciales. Primero, deben reiterar su apego a las soluciones enmarcadas en el Derecho Internacional Público. Y segundo, conminar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a que abandonen el explícito respaldo otorgado a Rusia en esta crisis. De no hacerlo, la región sufrirá consecuencias de largo plazo.

De momento éstas ya se enrumban negativamente mediante el incremento de los precios de los combustibles que incrementará la inflación, el posible aumento de las tasas de interés por encima de lo previsto o la afectación del mercado de valores sensibilizado por la incertidumbre y la interdependencia bursátil. A la vista estará también el impacto de la crisis en nuestro aprovisionamiento militar tan vinculado a Rusia.

A pesar de ello la insensibilidad estratégica del gobierno y la de algunos funcionarios, quizás se exprese apenas en comunicados de minimis.