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Victor Abad
Asociado principal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
La dinámica que el estado de emergencia permanente ha impuesto en el mercado transaccional, nos obliga a reestructurar los procesos de compraventa de acciones y activos. Por un lado, la revisión de información en procesos de due diligence y negociaciones contractuales, se vienen llevando de forma remota gracias a las diversas herramientas tecnológicas con que se cuenta en la actualidad.
Así, el uso de reuniones presenciales es cada vez más dispensable, como ocurre desde hace muchos años en mercados más desarrollados.
Por otro lado, nuestro sistema legal establece un número limitado de documentos o registros físicos que deben ser intercambiados en este contexto. Los principales son la matrícula y certificados de acciones (que determinan finalmente la propiedad sobre las acciones) o los propios libros societarios.
De esta forma, los principales retos se encuentran en las formalidades societarias vinculadas a las tomas de control, toda vez que en el marco de una adquisición el nuevo accionista controlador buscará cambios naturales en la administración y régimen de poderes de la sociedad.
Bajo esta lógica, la Junta General de Accionistas podría buscar nombrar un nuevo directorio o plana gerencial. Para ello, el primer reto será adecuarse a las reglas sobre juntas y sesiones de directorio no presenciales, bajo procesos de convocatoria previstos en estatutos o normas especiales (por ejemplo, las promovidas por la SMV). Con estas herramientas legales, podrán tomarse acuerdos sin necesidad de reuniones presenciales.
Un segundo reto importante es el proceso de formalización, que requiere de intervención notarial antes de su inscripción registral (bien sea nombramiento de representantes, otorgamiento de poderes, aumentos de capital por emisión de acciones a nuevos inversionistas, entre otros).
En estos casos, a pesar que muchas personas están efectuando trabajo remoto, será necesario que cumplan formalidades frente a representantes notariales, obligándolos a tener diligencias presenciales.
En este contexto, podría aprovecharse la coyuntura para fortalecer el sistema de firmas y certificaciones digitales reguladas por la Ley 27269, de modo que se promueva un procedimiento digitalizado.
Si bien el rol notarial es importante, si se busca agilizar procedimientos y reducir costos, se podrían incrementar las responsabilidades gerenciales en lo que respecta a certificar la identidad de accionistas o directores, sumado a las seguridades propias del uso de firmas digitales, y buscar así inscripciones registrales eficientes.