Desmitificando la soberanía energética

El ideario de Perú Libre propone la nacionalización y la mayor tributación de los recursos energéticos tomando como ejemplo la experiencia de Bolivia y Ecuador. Sin embargo, estos modelos han usado una retórica efectista para vender un “nuevo modelo de soberanía energética” sin haber adoptado realmente transformaciones en la propiedad de sus recursos naturales. Lo que sí es cierto es que la bonanza de los commodities provocó un voraz apetito fiscal en lugar de invertir los excedentes en exploración para aumentar la capacidad productiva de esos países. El resultado ha sido una significativa reducción de las reservas probadas y la ausencia de nuevas inversiones privadas durante los últimos 15 años. Antes que asumir un rol empresarial activo, los que aspiran a gobernarnos deberían reconocer que el estatismo no ha logrado mejorar la calidad de vida de manera duradera y deben de abstenerse de utilizar modelos foráneos de manera antojadiza.

Es preciso analizar la experiencia de nuestros vecinos mercadeados como “referentes”. Tras un largo historial de nacionalizaciones en Bolivia, el gobierno de Evo Morales “estatizó” los recursos energéticos en el 2006 y dio pie al resurgimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Para ello se introdujeron: i) un período de seis meses para la negociación de nuevos contratos con las empresas petroleras, ii) un impuesto adicional del 32% del valor total de la producción sólo aplicable a los hidrocarburos producidos por los dos mayores campos de gas natural, llevando el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al 50% y iii) el manejo estatal de la producción de los campos más pequeños durante el período de renegociación.

Esta “nacionalización” suponía que la distribución de los ingresos del sector hidrocarburos pasaría del 18 al 82% en favor del Estado boliviano. Sin embargo, según la Fundación Jubileo, esta afirmación no se condice con la realidad: el gobierno solo tomó control de los yacimientos más grandes (San Alberto y Sábalo) por solo seis meses y el manejo del resto de campos se mantuvo inalterado. Incluso el IDH fue creado por gobiernos anteriores y Evo Morales solo lo puso en marcha. Si hubo una expropiación fue de los recursos de la capitalización de las acciones de las empresas mixtas que estaban en manos de los fondos privados de pensiones.

Sin embargo, estos cambios si lograron desincentivar la inversión privada en exploración y se redujeron significativamente las reservas de gas natural. Es así como las reservas probadas disminuyeron de 24 trillones de pies cúbicos en el 2005 a 10 trillones en el 2018. Debido a esta situación el gobierno boliviano tuvo que renegociar los contratos de exportación de gas a Argentina y Brasil debido a que no establecieron compromisos y garantías de inversión. Los aumentos en las inversiones registrados en los últimos años respondieron a la necesidad de no incumplir con estos contratos y no a una política de atracción de inversiones para desarrollar el sector.

El electorado debe exigir soluciones reales a los problemas que agobian a la población que poco tienen que ver con regresar a un modelo de estado empresarial.

La renta gasífera se destinó de manera insostenible a financiar otros usos. Entre el 2005 y 2014, el gasto público corriente -sueldos, jubilaciones, bonos sociales- se incrementó en más de 10 veces y se destinaron USD 3,000 millones (15% del PBI) al financiamiento de 32 megaobras, incluyendo una fábrica de urea por USD 1,000 millones y una empresa azucarera por USD 300 millones. La reducción de los precios internacionales a partir del 2015 ocasionó que las cuentas fiscales se vean seriamente afectadas, haciendo que el déficit fiscal se incremente de 6.5% del PBI en el 2015 a 9.7% en el 2020 y la deuda pública de 44.1% del PBI a 67.3% en dicho periodo.

En el caso ecuatoriano, el gobierno de Rafael Correa tampoco nacionalizó sino realizó importantes cambios en la política energética en el 2007 que frenó el crecimiento de la inversión privada en dicho sector. Estos cambios estuvieron sustentados en: i) un impuesto extraordinario a los excedentes de los ingresos por exportaciones de las empresas privadas, con el objetivo de captar el 99% de las utilidades cuando el precio del petróleo supere los USD 70 por barril, ii) límites a la perforación en los campos marginales, y iii) la conversión de las empresas socias de Petroecuador en locadores de servicios por una tarifa operativa. Como resultado, la inversión privada en el sector petrolero se redujo en más de 60% entre el 2005 y el 2018. Según el Statistical Review of World Energy, la producción de petróleo ecuatoriano, que había alcanzado su pico histórico de 536,380 barriles por día en el 2006, se redujo en 9.4% en el periodo 2007-2010, posterior a la aplicación de estas medidas.

De manera similar al caso boliviano, el incremento de los precios de petróleo durante la bonanza implicó una mayor captura de la renta petrolera que fue destinada principalmente al gasto social. Sin embargo, esta estrategia dejó muy vulnerable al gobierno, que ante la reducción de la cotización del crudo sufrió una significativa reducción en sus ingresos. Por otro lado, los límites impuestos a las actividades de exploración y explotación han ocasionado que actualmente Ecuador este cerca de agotar sus reservas petroleras. Según cifras de Olade, las reservas totales de petróleo fueron de 1,887 millones de barriles en el 2020 comparadas con 3,500 millones en el 2010.

Resulta evidente que los esfuerzos por retomar la “soberanía de los sectores estratégicos” en Bolivia y Ecuador no tuvieron los resultados que se predicaron inicialmente y, por el contrario, alimentaron una voracidad fiscal que resultó ser insostenible. Mal haría el próximo Gobierno en replicar modelos fallidos y pretender hacerlos extensivos a otros sectores extractivos. Los mercados internacionales están internalizando los riesgos de planteamientos estatistas y vienen reduciendo sus posiciones en el Perú. El electorado debe exigir soluciones reales a los problemas que agobian a la población que poco tienen que ver con regresar a un modelo de estado empresarial.