Perspectivas laborales para el segundo semestre del año

Uno de los principales motivos de preocupación tiene que ver con los proyectos de ley que están pendientes de discusión en el Congreso de la República, donde hay cerca de cincuenta proyectos en el Pleno y no menos de ochenta en la Comisión de Trabajo. El número de leyes laborales aprobados por el Congreso no ha sido importante, pero ha puesto la atención en asuntos como la creación de feriados, licencias, normas sobre retiro de fondos de pensiones, una norma de corte procesal (casación laboral) y una norma sobre teletrabajo.

Todos esos asuntos no han tenido por el momento un impacto muy grande en el mercado de trabajo, pero las materias que abordan los proyectos pendientes de discusión sí lo tendrían, porque hay propuestas que buscan modificar las jornadas de trabajo, crear nuevas causales de hostigamiento por parte del empleador, los hay sobre relaciones colectivas de trabajo, utilidades en determinados sectores de la economía, entre otros.

El problema es que no hay a la vista proyectos que busquen solucionar los verdaderos problemas del mercado de trabajo, como, por ejemplo, incluir a los informales en la formalidad o mejorar la protección social.

Lo que sí resulta auspicioso para este segundo semestre del año es la reciente reinstalación del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), instancia de diálogo social donde se tratarán materias como el decreto de relaciones colectivas de trabajo, la metodología para determinar la remuneración mínima vital (RMV), la informalidad y medios para enfrentarla y el reforzamiento de EsSalud. Esperemos que el CNT se convierta en la instancia donde las futuras regulaciones se sometan a un diálogo democrático y se encuentre allí vías para reducir la informalidad y se mejore la protección social.

En cuanto a las normas laborales existentes, las rigideces que las caracterizan seguirán afectando a los empresarios formales y es posible que la presión inflacionaria y el poco crecimiento económico lleven, por un lado, a que el Estado evalúe un incremento de la RMV y, por otro, a que los sindicatos aumenten sus expectativas salariales, tornando las negociaciones colectivas más difíciles. El nuevo marco legal de las relaciones colectivas de trabajo –ilegalmente establecido por el Gobierno del expresidente Pedro Castillo– facilita los medios de presión para los sindicatos y ya están aumentando la conflictividad y la presión laboral.

Respecto de las decisiones de las autoridades laborales, es probable que el Tribunal de la Sunafil continúe con su tendencia de crear mediante la interpretación de las normas vigentes precedentes administrativos de alcance general que en muchos casos van más allá de lo que dice la ley.

Hay dos cuestiones que no deben pasar desapercibidas. La primera es la disminución de la productividad laboral en el país, que se agudiza con el incremento de la informalidad y con las reducciones de los días de trabajo. Respecto de esta última cuestión, ya el Congreso ha demostrado que este asunto le preocupa muy poco, porque no solo ha aprobado dos feriados que suponen una disminución del crecimiento económico de 650 millones de dólares por feriado, sino que tiene en cartera algunos proyectos de ley que buscan reducir la jornada de trabajo, como el proyecto que busca incorporar en la jornada el tiempo del refrigerio.

La segunda cuestión es el posible impacto del fenómeno de El Niño. Y en este punto, si el Estado no actúa, es posible que las consecuencias de su falta de previsión lleven a algunos congresistas a plantear iniciativas para que el costo de los efectos que genere dicho fenómeno sea asumido por los empleadores. Algo así ya ocurrió con la pandemia del covid-19, pues el Congreso emitió una ley que limitó la compensación de las horas de licencia, lo que configuró un verdadero acto confiscatorio.

Como se observa, el panorama laboral para el siguiente semestre es preocupante, pero como siempre, habrá que prepararse para participar en la discusión de las iniciativas normativas, gestionar los conflictos dentro de las empresas con estrategias efectivas y defender en el ámbito administrativo y judicial aquellos actos que resulten perjudiciales.