Más que solo palabras

El discurso es una herramienta poderosa, sobre todo en política. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad –y del Perú–, ha quedado demostrado que las palabras que no caen en terreno fértil se convierten en eternas promesas. Esperamos que esto no ocurra con las declaraciones de diversos miembros del Ejecutivo respecto al fomento de la inversión, especialmente en la industria minera.

Recientemente el ministro Óscar Vera, invitado por el Colegio de Ingenieros del Perú, señaló que este 2024 será el año de recuperación del país, por lo que “es momento de estar unidos y trabajar juntos”. Como él, en diversas ocasiones, otros ministros han enfatizado la importancia de la minería para el dinamismo económico y el PBI del país.

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Desde el sector nos unimos a la voz oficial respecto a la relevancia de nuestra industria, pero permanecemos atentos a la acción. Allí radica el problema. Las 21 medidas del Plan Unidos anunciadas por el Gobierno parecen otro intento de lanzar un discurso de forma que carece de fondo. Es más, de estas 21 medidas, no se conoce con exactitud ni la mitad.

Una de estas medidas es la Ventanilla Única Digital que, hasta la actualidad, no parece concretarse, a pesar de las recientes declaraciones de que a fin de mes estaría la primera parte de esta ventanilla. El silencio administrativo positivo, según los anuncios, se aplicará al Informe Técnico Sustitutorio y a la Declaración del Impacto Ambiental, que es otra de las estrategias consideradas. Si bien esto ayudará a agilizar las exploraciones que pueden demorar hasta 3 años en tramitarse, la situación puede complicarse si no existe una comunicación efectiva que evite conflictos sociales. Ninguna empresa minera que apuesta por invertir en suelo peruano quiere enfrentarse a la prédica politizada de agentes movilizadores que usen el silencio administrativo para afirmar que la minería no cuenta con permisos ambientales.

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Nuevamente existe la sensación de que el Gobierno se rehúsa a enfrentar a profundidad los conflictos sociales y asumir que gran parte de la solución pasa por presencia del Estado e instalación de servicios básicos en zonas remotas del país.

Más que declarativos, los esfuerzos del Gobierno, además, deberían traducirse en disminuir la burocracia a la que nos enfrentamos las empresas mineras cuando presentamos la documentación necesaria para obtener permisos de exploración y explotación. Es necesaria una reingeniería que conecte a las instituciones públicas que brindan estos permisos, a lo que debe sumarse el fortalecimiento de las capacidades que tienen los funcionarios que los otorgan.

La minería es una industria activa. Por ende, nos duele conocer el valor de nuestras reservas metalúrgicas y limitarnos a escuchar. Lo que queremos todos los peruanos es acción.