“El caso de María Cordero demuestra el nivel de descaro con el que opera el Congreso”

Es increíble que la legisladora María Cordero Jon Tay (no agrupada) haya estado a punto de ser blindada, luego de que en abril del 2023 se hiciera tristemente conocida por exigirle a uno de sus trabajadores que le dé la mitad de los S/9,000 que cobraba este, como reveló en un audio del dominical Punto Final. Tras una reconsideración, lograron levantarle la inmunidad y suspenderla de la función parlamentaria, pero no pudieron inhabilitarla.

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La votación es interesante. Solo 50 congresistas votaron a favor de que la acusada de “mocha sueldo” sea inhabilitada de la función pública, seis votaron en contra, 25 se abstuvieron (que para efectos prácticos es lo mismo que votar en contra) y 18 no respondieron. Es decir, hubo 49 parlamentarios para los que una persona que ¡roba sueldos! puede seguir siendo funcionaria pública.

Ese es mayoritariamente el nivel de ética del Congreso de la República. Entonces, no sorprende que recién después de un año se llegue a esta sanción a medias. Y por eso tampoco sorprende que hasta la fecha no haya pasado nada con los otros parlamentarios acusados de robarles el sueldo a sus trabajadores.

No olvidemos los casos también escandalosos de Rosío Torres, Heidy Juárez, Katy Ugarte, Edgar Tello, Magaly Ruiz, María Acuña, Jorge Flores, e incluso del propio presidente del Congreso, Alejandro Soto. Todos con denuncias muy bien documentadas, que simplemente están encarpetadas.

Quizá el más sincero fue el congresista (no agrupado) Edwin Martinez al defender a Cordero Jon Tay: “¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso, a quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas y a quién se ha sancionado?”, aseveró.

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Lo concreto es que esto demuestra el nivel de descaro con el que opera hoy por hoy el Congreso. Solo un día antes del espectáculo de la “mocha sueldo”, 78 congresistas se pusieron de acuerdo para aprobar cerca de las nueve de la noche un proyecto, que no fue dictaminado por ninguna comisión y que no estaba en la agenda del día, para favorecer en la práctica a la minería ilegal.

Sí, esa minería que invade concesiones y que solo en diciembre del año pasado ingresó con sicarios a Minera La Poderosa en Pataz, La Libertad, donde asesinó a nueve trabajadores y dejó gravemente heridos a otros 15. Pero claramente esto no le importa a esos 78 congresistas que votaron a favor de esta mineria, que destruye la vida, el medio ambiente y la iniciativa privada, pero que mueve tanto o más dinero que el narcotráfico.

El deterioro ético e institucional es muy claro y el problema más grave es que este cáncer ya ha hecho metástasis a otras instituciones clave para el sistema democrático. Algunos no quieren verlo y prefieren creer que es una pelea entre rojos, caviares, DBA o el calificativo que más le parezca, pero la realidad es que este es un problema de delincuentes.

SOBRE EL AUTOR

Omar Mariluz Laguna

Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.