La corrupción no da tregua

Estamos llegando a niveles insostenibles de corrupción con casos tan evidentes que ni siquiera sienten vergüenza quienes los cometen. Corrupción es contratar a empresas de familiares y amigos para beneficiarlos con contratos millonarios; corrupción es recomendar a familiares aprovechando el cargo que se ocupa; corrupción es mirar a un costado cuando se conoce de una irregularidad en vez de denunciarla.

La corrupción se hace más fuerte cuando una autoridad o funcionario no sabe gestionar o no sabe tomar decisiones ni disponer acciones, y el país sufre las consecuencias.

De acuerdo a Transparencia Internacional, en el 2021 subimos al puesto 105 en el índice de percepción de la corrupción de 180 países analizados en el planeta. Este informe también advierte que la disminución en la lucha contra este flagelo, socava la democracia y permite que el autoritarismo avance.

Nuestros reportes de control también evidencian esta problemática, ya que en el 2019 revelamos -tras un estudio realizado por primera vez en el país- que el Perú habría perdido por la corrupción y la inconducta funcional más de 23 mil millones de soles.

En el 2020, en plena pandemia y cuando el país debía estar más unido que nunca para enfrentar una enfermedad que atacaba a todos por igual, sin distinguir raza, credo o condición social, la corrupción y la inconducta funcional no se amilanaron y causaron perjuicios por más de S/ 22 mil millones.

Para entender mejor la magnitud de lo perdido y el daño ocasionado a toda la población peruana, podemos señalar que con el dinero que se pierde por la corrupción y la inconducta funcional se habría podido construir dos carreteras centrales, cada una de 4 carriles, con puentes, viaductos y túneles, similar al proyecto de la nueva carretera central o, alternativamente, se hubieran podido construir 50 hospitales totalmente equipados de última generación y de alta complejidad, o más de 1,600 grandes unidades escolares.

Lamentablemente, un nuevo estudio realizado confirma que en el año 2021 la pérdida ha crecido. En dicho año y de acuerdo a nuestras estimaciones, el Perú habría perdido más de S/ 25 mil millones, siendo Huancavelica, Apurímac, Ucayali, Moquegua y Junín las regiones perjudicadas que lideran este ranking nefasto; mientras que en términos absolutos -vale decir en millones de soles perdidos- Piura, Arequipa, Junín, Áncash y La Libertad, encabezan el ranking de regiones con mayor perjuicio económico.

“El país requiere que nuestras autoridades y funcionarios tomemos decisiones firmes, y procuremos medidas y políticas inmediatas para que el Perú salga de la crisis profunda en la que se encuentra desde hace varios años”.

Esta situación se refleja en los niveles de pobreza monetaria 2021, que revelan que un cuarto de la población del país es pobre. La corrupción lamentablemente nos está ganando la batalla, y la crisis política que estamos afrontando, con cinco presidentes de gobierno y 13 gabinetes ministeriales en solo seis años, profundiza aún más su crecimiento.

A ello se suma que tenemos un país dividido, ya que vemos continuos conflictos sociales que se gestan principalmente desde las provincias, registrándose durante todo el año más de 200 enfrentamientos sociales en todo el territorio peruano.

Quisiéramos tener la vacuna contra la corrupción, la solución a esta enfermedad social, y poder darle la cura a nuestro querido Perú, sin embargo, no podemos solos. Esta lucha demanda el compromiso y la participación del Estado en su conjunto. Desde la Contraloría, planteamos constantemente nuevas estrategias anticorrupción, incluso con apoyo de la tecnología digital; buscamos y recibimos apoyo del control social; desplegamos megaoperativos de control con intervención simultánea y masiva de auditores en las entidades públicas de las regiones, de los tres niveles de gobierno; sin embargo, repito, no podemos solos.

Por ello, es indispensable avanzar -además de la reforma del control gubernamental que se está haciendo-, en aspectos fundamentales para el Estado como son la reforma política, del sistema de justicia, del servicio civil y en la mejora de la calidad regulatoria, así como en simplificación administrativa que destrabe el aparato burocrático del Estado.

El país requiere que nuestras autoridades y funcionarios tomemos decisiones firmes, y procuremos medidas y políticas inmediatas para que el Perú salga de la crisis profunda en la que se encuentra desde hace varios años. Asumamos todos ese compromiso.