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Toda reforma de pensiones requiere de un serio y profundo debate para alcanzar el consenso necesario que permita que el sistema sea sostenible, suficiente y solidario, con el fin de que se garantice el derecho constitucional que tienen todos los peruanos a la seguridad social.
La Asociación de AFP viene impulsando una reforma previsional desde hace años, pensando en los trabajadores y en cómo hacer para que sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) –sean administradas por AFP públicas o privadas– reciban sus aportes, así como otras fuentes de financiamiento ajenas al descuento de sus sueldos, de manera que al llegar a la edad de jubilación todos cuenten con recursos necesarios para una mejor pensión.
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Para que el sistema reformado sea sostenible, se requiere que el Poder Ejecutivo sea consciente de que el aporte estatal, a través del uso de nuestros impuestos, debe servir para ayudar a que los trabajadores de ingresos más bajos logren construir sus pensiones.
En este punto, los macroeconomistas más tradicionales consideran que se debe procurar el equilibrio fiscal (ingresos y gastos del Gobierno iguales) y que el aporte del sector público para cofinanciar pensiones a este grupo objetivo son contrapuestos. Y aquí debemos esclarecer esta aparente contradicción.
Si se analiza al grupo de la población en edad de trabajar que hoy no tiene acceso a pensión, se puede concluir que son cerca de 17.6 millones, la gran mayoría independientes e informales. Con la introducción de la contribución equiparada (el Estado aporta lo mismo que el afiliado, hasta un tope) y la devolución del 1% del IGV (acotado según ingreso) a las CIC no solo se consigue universalizar el acceso a la pensión de manera eficiente porque los recursos se rentabilizan a una tasa de 10% anual, sino que los fondos están disponibles para invertirse en grandes proyectos públicos y privados desde el momento inicial, contribuyendo al crecimiento económico y generación de empleo, a través de una mayor inversión.
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Igualmente, con una adecuada política de incentivos sería posible incrementar la base de contribuyentes, lo que aumentaría la recaudación por parte del Estado. Ambas medidas (contribución equiparada y devolución de IGV) tendrían un costo inicial de 0.09% del PBI y permitirían aumentar significativamente el ahorro interno, creando más puestos de trabajo y aportando a la reducción en la brecha de infraestructura.
El diseño de una buena política pública resulta fundamental, en la medida en que, sin incremento de la presión tributaria (impuestos/PBI), resultaría difícil alcanzar la meta de reducir el déficit fiscal (gastos del Gobierno superiores a los ingresos) y lograr una reforma de pensiones sostenible. Como vemos, es clave el compromiso del Gobierno para darle sostenibilidad al sistema y lograr que haya mejores pensiones para más trabajadores.
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