En defensa de la agricultura

El Ejecutivo presentó el viernes pasado su propuesta de nueva Ley de Promoción Agraria (LPA). Es decepcionante. Es la agregación de dos agendas: la del MEF, de reducir las exoneraciones tributarias del sector, y la del MTPE, de eliminar su régimen laboral especial. Pero no esboza, ni tímidamente, una estrategia sobre qué hacer con la agricultura, sector que, por su capacidad de generar empleo y potencial de contribuir al desarrollo, es tal vez el más importante del país.

Dicha estrategia debería incluir como objetivo generar en el campo la mayor cantidad de lo que la OIT llama empleos decentes. Las políticas públicas, los compromisos empresariales y los acuerdos sociales deberían alinearse con dicho objetivo. Y considerar el dualismo agrario: el 4% de las tierras de cultivo está en la agroexportación, con altos niveles de productividad, métodos avanzados de producción e integración al mundo. El otro 96% está en la producción tradicional para el mercado doméstico, con baja productividad, informalidad, y a menudo para subsistencia.

En la agroexportación, la generación de empleo decente requerirá mantener el dinamismo del sector, mejorar las condiciones laborales y minimizar los riesgos de abusos. En el 96% restante, una transformación productiva para lograr una inserción creciente en cadenas de valor dinámicas (agroexportadoras, turístico-gastronómicas, etcétera).

La inserción de pequeños productores ya ocurre –palta, espárragos, mango, jengibre, quinua, etc.–, pero mediante esfuerzos aislados y a escala aún modesta. Potenciarla requiere de políticas públicas que aceleren estos procesos.

La experiencia internacional (y peruana) señala que el éxito es más probable cuando la cadena de valor incluye una empresa tractora moderna –mejor que el Estado en proveer asistencia técnica y conocer los requisitos de los mercados de exportación– que “jala” a las MYPE proveedoras.

Por lo anterior, una condición necesaria (aunque insuficiente) para generar empleo decente en el agro en su conjunto es mantener la dinámica agroexportadora. En esa línea, una nueva LPA (y normas complementarias) deberían incluir:

( a ) Mantener un régimen laboral especial que refleje la estacionalidad productiva del sector.

Ello no significa menores derechos que en el régimen general (que ya no era el caso), pero sí mantener mecanismos que reflejen la estacionalidad de la cosecha.

Pasar a los trabajadores al régimen general con contratos temporales es un contrasentido. Estarían peor, con contratos más precarios y menor liquidez. Además, generaría enormes costos operativos (¡sin ningún beneficio!) que empresas medianas y pequeñas no podrán cubrir. Proponer contratos a plazo indefinido para actividades “permanentes pero discontinuas”, como propone el Ejecutivo, es inaplicable.

( b ) Fortalecimiento de organizaciones de trabajadores y de la fiscalización laboral.

Para que la indispensable flexibilidad de contratación no resulte en abusos, se requiere facilitar la creación y el fortalecimiento de organizaciones de trabajadores, incluso a nivel de rama.

La existencia de espacios de diálogo es más conducente a generar confianza, respeto y, por lo tanto, acuerdos. La experiencia de diálogo social exitoso en el sector construcción en los últimos 17 años es ilustrativa. El paro agrario ha evidenciado lo peligroso de no tener interlocutores válidos entre los trabajadores. Ese vacío lo llenan políticos (o académicos) que terminan imponiendo sus propias agendas.

Este fortalecimiento, acompañado de más recursos financieros, debe llegar también a las capacidades de la Sunafil, que si bien ya ha venido mejorando, requiere ser más diligente y equilibrada, tener reglas ad hoc para el sector y ofrecer predictibilidad. Y que su chip no sea únicamente fiscalizador y sancionador.

( c ) Eliminación progresiva del régimen tributario preferencial y asignación de recursos adicionales a bienes públicos.

Luego de 20 años de exoneración del Impuesto a la Renta a la agroexportación, esta debe retirarse progresivamente.

La recaudación adicional, necesaria pero insuficiente, debe usarse para cubrir parte de la brecha en la provisión de bienes públicos para el sector: viviendas para trabajadores, subsidio al riego tecnificado, incentivos para fortalecer cadenas de valor, otorgamiento de garantías, etcétera. Tanto el diseño como la implementación requerirán una intensa colaboración público-privada.

(d) Mantener regímenes especiales para los sectores acuícola y forestal.

Un efecto colateral de la derogación de la LPA es que se eliminaron también los regímenes especiales para los sectores acuícola y forestal. No es prudente hacerlo, pues están en una etapa incipiente de desarrollo y los riesgos y las brechas de bienes públicos en su entorno de operación son enormes. No podemos darnos el lujo de renunciar a su gran potencial de generación de buen empleo. Sería matar la diversificación de nuestro aparato productivo antes de que empiece. Incluso si solo consideramos el punto de vista recaudatorio, el 29.5% de x es mucho menos que el 15% de 10x.

El Ejecutivo ha llevado al TC la ley de la ONP, preocupado por su impacto fiscal. Pero no ha mostrado la misma preocupación ante la nueva LPA discutida en el Congreso, que puede tener efectos incluso más dañinos para el país. Del Congreso no se espera mucho, pero el Ejecutivo debe mostrar mayor responsabilidad. Dicho sin rodeos: no tenemos posibilidades reales de avanzar al desarrollo si apagamos el motor agroexportador. Para evitarlo, debemos construir sobre lo avanzado y mejorar lo que no ha funcionado. Los acontecimientos de las últimas semanas nos han recordado (una vez más) que un sector privado fuerte no basta, se requiere el fortalecimiento paralelo tanto del Estado como de las organizaciones de trabajadores. La agenda debe ser compartida.