Política laboral: ¿cuáles son las prioridades?

El sector laboral fue uno de los más golpeados con las crisis de los últimos años. Empresarios y trabajadores afrontamos una reducción de ingresos y hasta la supervivencia de nuestras empresas. Hoy el Gobierno tiene una mejor oportunidad para delinear políticas e implementarlas en un escenario relativamente más calmado. Considero que estas podrían ser algunas prioridades.

Primero, el combate a la informalidad. La informalidad es hoy la mayor traba para cualquier política de desarrollo sostenible. ¿Cómo diseñar un sistema previsional viable en salud y pensiones con este nivel de informalidad? ¿Cómo aumentar las empresas exportadoras o rediseñar el transporte sin reducir la informalidad? Se requiere una política de Estado que priorice la inversión en sectores productivos que ensanchen la base de empleos formales, articulados a cadenas de valor. Deberíamos tener una autoridad responsable del seguimiento de metas, que trasciendan los Gobiernos. Ya no bastan meras declaraciones.

Segundo, la promoción del empleo juvenil. Por largos años se discute cuál es la mejor política de empleo juvenil, pero no se toman decisiones. La competencia natural es del Poder Ejecutivo y, del Congreso, debatirla y aprobarla. Sin embargo, no vemos ninguna propuesta en el horizonte. Darles oportunidades a los jóvenes no sólo repercutirá en su ámbito personal y familiar sino incluso en la seguridad ciudadana.

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Tercero, promover el trabajo temporal de emergencia. En situaciones de grave crisis, distintos Gobiernos han implementado programas de contratación temporal con el fin de amortiguar sus efectos y ayudar a dar ingresos básicos a peruanos desempleados.

Cuarto, potenciar programas de capacitación y certificación laboral. Esto permitiría tener miles de trabajadores empleables listos para ser contratados en empleos adecuados. Se debería retomar los esfuerzos de estudiar periódicamente la oferta y demanda laboral por sectores económicos, de tal manera que los jóvenes sepan qué labores demanda el mercado y se inserten en ellas.

Quinto, fortalecer los medios alternativos, propiciando la conciliación. El MTPE debería contar con un pool más grande de hábiles conciliadores que, a través de acciones de facilitación, pudieran coadyuvar en la solución de conflictos, contribuyendo a la descongestión judicial y a que el trabajador tenga una pronta solución a sus problemas.

Y finalmente, encausar el diálogo social a diversos niveles. En otros países, la posibilidad de lograr consensos tripartitos es posible. Sería importante que el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) retome la discusión avanzada de la metodología para el incremento de la Remuneración Mínima Vital. Es probable que, si esto no se activa, el Congreso legisle sobre el tema o el Ejecutivo defina un nuevo incremento por razones más políticas que técnicas. Debería revisarse el marco legal del CNT y generar incentivos para llegar a acuerdos a diversos niveles. Si el CNT no funciona, deberíamos repensar qué otros esquemas se podría implementar.

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