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Por Felipe Cantuarias
Presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos
El reciente debate sobre el caso de la prescripción de las deudas tributarias resuelto por el Tribunal Constitucional ha reactivado el debate sobre la necesidad de promover una mayor predictibilidad y certeza fiscal a fin de garantizar la seguridad jurídica en nuestro país, en especial en cuanto al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en su “Informe de Progreso de 2019 sobre la Seguridad fiscal (Informe OECD/FMI)” - para los ministros de finanzas del G20 y los gobernadores de los bancos centrales- propone una serie de medidas para reforzar la certeza fiscal y la predictibilidad en materia tributaria (que incluye los Impuestos Selectivos al Consumo), para así garantizar la seguridad jurídica.
La OECD, Foro al que aspira ingresar el Perú, resalta que uno los temas que más afecta la seguridad jurídica de un país, es el frecuente cambio de tributos (sorpresivos y continuos). Por ello, recomienda una mayor transparencia en la aprobación y modificación de normas tributarias, eliminando cambios inesperados y sorpresivos; y basando la decisión en criterios técnicos.
Alineado a ello, a fin de promover la predictibilidad fiscal y garantizar la transparencia, los demás países de la Alianza del Pacífico otorgan al Congreso la función de aprobar y modificar todo tributo. Sin embargo, en el Perú, la práctica gubernamental en materia del Impuesto Selectivo al Consumo ha sido que el Gobierno, por medio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), apruebe y modifique tasas y alícuotas.
CAMBIOS FRECUENTES Y SORPRESIVOS
No solo ello. En los últimos años se han producido cambios frecuentes y sorpresivos del ISC, incluso sin un debate técnico. Por ejemplo, en mayo del 2018, un Decreto Supremo aprueba la modificación en las tasas del ISC, esto se publica a las 11:59 p.m. del día 10 de mayo y la norma entra en vigencia el 11 de mayo, es decir, un minuto después, haciendo imposible para las empresas afectadas adecuar sus sistemas y mecanismos de facturación para cumplir con el cambio.
Por tanto, este tipo de práctica gubernamental carece de un proceso transparente que no garantiza la predictibilidad y seguridad jurídica, y además, no está alineada a las recomendaciones de la OECD en materia fiscal.
Por ello, si queremos un clima que promueva la inversión en un contexto de reactivación económica, la mejor forma es promover la mayor predictibilidad fiscal y garantizar la seguridad jurídica; y esto se realiza mediante una mayor transparencia en el proceso de aprobación de todo cambio o modificación del ISC. Quiere decir, que se deben eliminar los cambios frecuentes y sorpresivos, y promover un sistema que permita un debate técnico con la opinión y sugerencias de actores claves, así como su inclusión en el Marco Macroeconómico Multianual del MEF.