Primer balance: de la promesa a la acción

La presidenta Dina Boluarte y su gabinete han presentado el balance de su gobierno a seis meses de asumir las riendas del país. Fue un recuento de acciones dispersas –de programas públicos que vienen de gobiernos anteriores– y promesas incumplidas; más que mostrar una mirada articulada de políticas públicas, que nos lleven a vislumbrar un horizonte de desarrollo económico sostenible.

Tampoco hubo reflexión alguna sobre los luctuosos acontecimientos ocurridos al inicio de su mandato. Es cierto, la actual gestión es continuidad del gobierno del golpista Castillo, un régimen sin claridad de objetivos, procedimientos ni metas, cuya base fue el ideario de Perú Libre, una pieza programática de la izquierda radical panfletaria, y que devino en el reino del desorden y la corrupción.

A diferencia del gobierno anterior, sin embargo, la presidenta Boluarte ha logrado armar un equipo de ministros más afiatado, que en general tienen experiencia pública y conocen mejor la gestión pública, aunque en algunos casos debería evaluarse su continuidad porque es evidente que no dan la talla.

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Dado que tiene un mejor equipo de gestión, y superada, aparentemente, la grave crisis política que enfrentó al inicio de su gobierno, la presidenta tiene una oportunidad de cambiar este sentido de desorientación que aparenta su gestión. Lo digo por el compromiso que enfrenta, ahora que su gobierno ha hecho entrega del memorándum inicial para encaminarnos al acceso a la OCDE. Es decir, lograr la convergencia del Perú con las normas, mejores políticas y mejores prácticas de la organización.

Sería muy bueno que su gobierno se organice en función de este compromiso, que no es poca cosa. No es real decir que alcanzaremos esa gran meta hasta el 2026, pero, por lo menos, debiera dejar sentadas las bases para que el gobierno que le suceda lo continúe.

Con ello, los actorespolíticos, económicos y sociales tendremos a la mano una hoja de ruta de reformas a las cuales deberíamos abocarnos y debatir para encontrar esa luz al final del túnel sobre nuestro devenir como nación.

Ante todo, la presidenta debe establecer un compromiso político con la ciudadanía sobre los valores, visión y prioridades compartidas con los miembros de la OCDE: preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el Estado de derecho, defensa de los derechos humanos, en una economía de mercado abierta, transparente, sostenible e inclusiva.

Una sincera evaluación política de los difíciles momentos que enfrentó al inicio de su gobierno, con claro propósito de enmienda, estableciendo políticas y acciones que eviten que hechos como esos vuelvan a repetirse, y dejando que el sistema de justicia individualice las responsabilidades penales.

Así podría alentar la reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y autoridades, para llevar a cabo las reformas. A su vez, pondría a todos los poderes del Estado y a los diferentes niveles de gobierno en un compromiso de acción inmediato para avanzar con las mejoras requeridas.

Para ello, el contenido del Memorándum debe ser público, pues no solo será un instrumento de gestión para los funcionarios que deban acometer las transformaciones, sino un instrumento de seguimiento, por parte de la ciudadanía, del accionar público para lograr nuestra adhesión.

Entre las tareas a abordar está una reforma estructural que permita un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo. Esto implica tener las mejores prácticas públicas en gobernanza, sobre todo en nuestro proceso de descentralización, con una clara agenda de integridad y lucha contra la corrupción.

Mejoras en nuestro manejo fiscal, tanto de generación de ingreso como de gasto, con políticas sociales y de igualdad de oportunidades, como salud y educación. Seguir con una economía abierta al comercio y a la inversión que promueva la innovación y la protección eficaz del ambiente y la biodiversidad.

Resulta contraproducente que, mientras el Premier entregaba el memorándum en París, en Lima se aprobaba una norma contraria a nuestro acceso, al preservar la maquinaria que se utiliza para extraer el oro ilegal envenenando nuestros ríos. O, que frente a una política de vigilancia de una actividad tolerada como son los juegos de azar, se argumente de manera equívoca que por temas de impuestos transfronterizos no se debe legislar y equiparar el control de las plataformas de apuestas electrónicas con la de casinos y tragamonedas.

Primero está la salud mental de nuestros ciudadanos, luego la igualación en el tratamiento tributario de una misma actividad, que no contraviene con el principio de no crear impuestos discriminatorios entre nacionales y extranjeros. Pongo estos ejemplos, porque desde ahora, los diversos comités de la OCDE harán revisiones técnicas exhaustivas y darán sus opiniones sobre el avance del Perú en sus respectivos temas.

El ojo vigilante del ciudadano es clave, para que no nos vendan gato por liebre y el debate técnico de adecuación a la OCDE sea con la transparencia debida, con la participación ciudadana y el intercambio de opiniones, para que se cumpla el objetivo: mejorar de la calidad de vida de los peruanos.

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