¿Qué hacemos con la regionalización?

La reacción instintiva de la élite tecnocrática limeña es que dado que la regionalización no ha funcionado, entonces debe revertirse, al menos parcialmente.

Si bien esa respuesta puede resultar comprensible, sería una decisión equivocada. No solo porque es políticamente imposible retroceder al Perú pre-2002, sino porque las motivaciones principales del proceso de regionalización siguen vigentes: un Estado más eficiente, acercándose a la población para recoger sus necesidades y preferencias.

Además, se debe reconocer que se cometieron errores tanto en Lima como en las regiones. Porque el proceso de descentralización se diseñó e implementó desde la capital y al “porrazo”. Se subestimó su complejidad. Se transfirieron competencias formales a gobiernos subnacionales (regionales y locales) que no poseían las capacidades correspondientes. Y el gobierno nacional nunca se preocupó por construir dichas capacidades y fortalecer las burocracias subnacionales. En buena medida, se abandonó el proceso.

Así, muchas de las políticas públicas de dimensión nacional tan importantes, como educación y salud, deben ser ahora implementadas por entidades subnacionales no preparadas para ello. Algunos tristes ejemplos recientes son la falta de incubadoras en hospitales públicos y –antes– el de las vacunas.

Si la regionalización es irreversible, ¿cómo hacemos que funcione?

Comencemos con cómo no hacerlo. No pasa necesariamente por hacer talleres o capacitaciones, práctica común en el sector público peruano, pero generalmente mal enfocada y con mínimo impacto real. Tampoco por encargar una consultoría –que muy probablemente terminaría engavetada– sobre cómo fortalecer los gobiernos subnacionales. Ni siquiera por darles más dinero sin un proceso paralelo de fortalecerlos como instituciones.

Las motivaciones para la regionalización siguen vigentes: un Estado más eficiente y cercano a las necesidades de la población. ¿Cómo hacemos que funcione?

En su lugar, pasa por un proceso de acompañamiento en el cual las entidades nacionales trabajen en la ejecución junto con las entidades subnacionales, concurrentemente. De esta manera, entiende mejor las capacidades, limitaciones y realidades de los gobiernos subnacionales.

Ese trabajo de implementación conjunta con las regiones y los gobiernos locales también le será útil al gobierno nacional. Le servirá para aprender “en la cancha” y cambiar/ajustar las normas de dimensión nacional. Debe “bajar y subir”. El aprendizaje debe ser continuo, conjunto y retroalimentado.

Construir capacidades no será fácil. No hay hoja de ruta y sí mucha incertidumbre. Lo importante es empezar a trabajar. Dado que el ancho de banda es limitado, el apoyo debe ser selectivo y priorizado. Se puede comenzar con los sectores con (ex ante) mayor potencial en cada región.

Estas ideas vienen siendo validadas por la experiencia reciente. El MEF y los GORE Amazónicos están implementando una serie de cambios relacionados al sector forestal. Resaltemos dos.

Primero, el MEF ha impulsado y acompañado a que los GORE creen sus Gerencias Regionales de Desarrollo Forestal. Loreto y Ucayali lo hicieron hace unas semanas y Madre de Dios está próxima a hacerlo.

Aunque parezca mentira, antes tenían solo direcciones forestales escondidas dentro de la gerencia ambiental. Como si no fuera también una actividad productiva con alto potencial. Las nuevas estructuras organizacionales están permitiendo al Serfor tener una contraparte calificada de coordinación en los GORE.

Segundo, Osinfor, ha suscrito convenios con los GORE de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios para que le encarguen la realización de las inspecciones oculares previas –ir a las concesiones forestales en los bosques para saber qué hay–.

En el pasado, los GORE tenían que hacer dichas inspecciones. Y con base en ello, debían revisar y aprobar –cuando corresponda– el Plan Operativo Anual (POA) para la extracción de madera presentado por los concesionarios y remitirlo al Osinfor. Este debía sancionar el incumplimiento. Pero casi nada funcionaba en la práctica. Muchas de las inspecciones oculares previas y los POA no reflejaban lo que estaba ocurriendo, los GORE casi nunca remitían a tiempo los POA, y Osinfor inspeccionaba sin mucha información. Ello ocasionaba incertidumbre y desconfianza en la legalidad de nuestra madera. Los GORE y Osinfor están trabajando conjuntamente, y ya se viene evaluando más de 80 propuestas de inspecciones oculares previas bajo este nuevo esquema.

El MEF ha financiado estos (y otros) cambios. Es un esfuerzo de fortalecimiento de capacidades y de dotación de financiamiento, que podría ampliarse hacia otros mecanismos de incentivos, con metas bien definidas, impacto comprobado y medición rigurosa.

A veces el gobierno nacional cree que cumple cuando controla, supervisa, fiscaliza y sanciona. Los gobiernos subnacionales, en cambio, creen que hacen su trabajo permitiendo que los productores regionales no sean supervisados ni fiscalizados. Ambos están equivocados. La función del Estado en su conjunto es ciertamente asegurar que se cumplan ciertos estándares (ambientales, sanitarios, laborales, etcétera), que son indispensables. Pero su función también es ayudar a que los productores (particularmente los pequeños) mejoren, para que los cumplan y sean competitivos. Importa poco a quién le corresponden las competencias formales. El ciudadano no diferencia. Y el Estado no puede ni debe claudicar.