¿Qué hacer con el sector Infraestructura?

Quizás una de las principales “víctimas” de la coyuntura política que vive el país actualmente es el sector infraestructura y, como daño colateral, la demora en la reactivación de la inversión pública y privada en el sector de infraestructura, lo que debería ser una de las prioridades del Gobierno por los efectos positivos que se podrían generar mediante la inversión en este sector.

Según los cálculos más recientes, la brecha de infraestructura de nuestro país a corto plazo (considerando un horizonte de cinco años) asciende aproximadamente a US$ 35,000 millones, concentrada principalmente en los sectores de transporte (31%), saneamiento (25%), salud (24%), mientras que la brecha de infraestructura a largo plazo (considerando un horizonte de 20 años) asciende aproximadamente a US$ 110 mil millones y está concentrada en los mismos sectores: transporte (44%), saneamiento (20%) y salud (16%).

La reactivación de la inversión pública y privada en el sector infraestructura contribuiría significativamente no solamente a avanzar en el cierre de dicha brecha y así proveer de servicios públicos adecuados a la ciudadanía (lo que es, o debería ser, siempre el propósito final de cualquier inversión en este sector), sino también para contribuir al crecimiento del PBI y la generación de empleo, ambos objetivos que deberían ser fundamentales para cualquier Gobierno considerando en el momento actual que atraviesa el país.

Como sabemos, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), publicado el 28 de julio del 2019, priorizó la ejecución de 52 proyectos, principalmente, en los sectores transporte, agua y saneamiento, y salud (que son algunos de los sectores donde se concentra la brecha de infraestructura existente) por un monto de inversión aproximado de US$ 30,000 millones.

Aproximadamente el 50% de estos 52 proyectos se encuentra actualmente en etapa de ejecución contractual (aunque muchos de ellos con serios retrasos en las inversiones comprometidas, en la mayoría de los casos por causas atribuibles al Estado), mientras que la otra mitad está pendiente de ser adjudicada (y en diferentes fases del proceso de licitación en ProInversión).

Asimismo, un 60% de los proyectos priorizados por el PNIC se vienen ejecutando, o se planea que se ejecuten, a través de Asociaciones Público Privadas (APP).

Desafortunadamente, como señalábamos, la coyuntura está impactando fuertemente en la inversión en el sector infraestructura, afectando tanto algunos proyectos ya adjudicados y en ejecución como, principalmente, la adjudicación de los nuevos proyectos que se requiere urgentemente para acelerar el cierre de la indicada brecha de infraestructura.

Lo paradójico es que el Perú, como país, cuenta aún con las condiciones macroeconómicas y las herramientas necesarias para impulsar con efectividad la inversión en infraestructura:

1. Las APP, las cuales hemos venido utilizando desde la década de los noventa y respecto de las que contamos con la suficiente experiencia para que sean implementadas adecuadamente;
   
2. Las Obras por Impuestos (OxI), en las que también tenemos una experiencia de varios años y que bien enfocadas pueden ser un muy buen complemento a las APP; y
   
3. Los Acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), cuyo uso en el sector infraestructura es más bien reciente pero bastante prometedor, sobre todo para la ejecución de obras que no se pueden ejecutar por obra pública, por los problemas por todos conocidos tiene la contratación pública en el Perú (y que requieren una reforma total del sistema).
   

Por ello, resulta vital para el sector infraestructura que, en este quinquenio, el Gobierno tome las siguientes acciones básicas:

1. en primer lugar, respetar y cumplir con los contratos de APP, G2G y OxI que ya han sido firmados con diferentes inversionistas privados;
   
2. (ii) en segundo lugar, destrabar los proyectos que actualmente sufren demoras en la ejecución de las inversiones comprometidas como la Línea 2 del Metro de Lima, Majes-Siguas o Chavimochic; y
   
3. actualizar (y cumplir con) el cronograma de adjudicaciones de nuevos proyectos de APP que ProInversión había anunciado, como país, a los inversionistas nacionales e internacionales para el bienio 2021-2022, entre los cuales destacan el Anillo Vial Periférico (US$ 2,049 millones), el Ferrocarril Huancayo–Huancavelica (US$ 232 millones), el proyecto de masificación del gas natural en siete regiones del país (US$ 200 millones), los Hospitales EsSalud de Piura y Chimbote (US$ 254 millones), los Colegios de Alto Rendimiento del Centro (COAR) Centro (US$ 60 millones), la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Maldonado (US$ 57 millones) y el Parque Industrial de Ancón (US$ 650 millones).
   

Sería lamentable que nuevamente desaprovechemos la oportunidad de promover un programa agresivo de inversión en infraestructura que nos permita avanzar en el cierre de la brecha existente. Más aún cuando, como país, tenemos las herramientas que nos permitirían hacerlo. De lo contrario, el tiempo perdido no se recuperará jamás.