Que la pandemia sea una oportunidad para innovar las políticas de inclusión

Las políticas de inclusión hacia las mujeres y las personas con discapacidad en el aparato público de nuestro país aún son limitadas; pero en los últimos años ha registrado significativos avances que podrían ser adoptados por el sector privado. Avances que se ven reflejados en iniciativas legales y políticas de Estado como la “Ley General de la Persona con Discapacidad” así como la creación del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que ya tienen varios años de aplicación en nuestro sistema legal. Podemos referirnos también a normas más recientes como la “Política Nacional de Igualdad de Género”, decretada en 2019. Dicha norma se enfoca en combatir la violencia contra la mujer y suprime barreras burocráticas que dificultan el ingreso y participación de las mujeres en diversos ámbitos profesionales y de gestión.

Sin embargo, la aplicación de las políticas de inclusión experimentó cierto retraso para penetrar la capa social, debido a la inestable situación política durante la segunda mitad del 2019 por conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Este retraso se agudizó con el período de confinamiento y aislamiento obligatorio por el COVID-19.

Este escenario, altamente preocupante, no ocurre únicamente en nuestro país. A nivel global también se observa una desigualdad clamorosa. Según el Global Gender Gap Report, del Foro Económico Mundial, brecha de género asciende al 32%; y con la progresión actual, tardaría 108 años en cerrarse. Evidencia de este problema es la baja participación de mujeres en la Alta Dirección, sea en ámbito público como privado.

Según el informe global de Mercer, de marzo de este año, la mayoría de las organizaciones del mundo (81%) está de acuerdo con la diversidad de género y la inclusión de minorías y discapacitados. Sin embargo, sólo el 42% de dichas organizaciones cuenta con una estrategia concreta y desplegada para dichos fines.

Hace falta una decidida apuesta por estas políticas, así como la conjunción de factores y un contexto propicio para que fructifique, tal como ha sucedido con la educación virtual a distancia en estos meses de aislamiento social.

Todo periodo de crisis también es fuente de oportunidades. Se abren las puertas para “deconstruir” anteriores prácticas que permitirán examinar y recrear procedimientos y metodologías. De esta forma, contaremos con perspectivas innovadoras y frescas para solucionar los problemas que nos rodean.

Las dificultades nos permiten ser conscientes de nuestras falencias y limitaciones. Eso no significa que nos cerremos ante lo inevitable del cambio. Al contrario, nos vuelve más adaptables y tolerantes a las tendencias en el plano organizacional: reforzar las líneas de carrera sin importar el género; remuneraciones y compensaciones basados en el desempeño óptimo y no en un perfil arbitrario; promover la diversidad y la inclusión en la Alta Dirección de la empresa; implementar mejores herramientas tecnológicas para el trabajo remoto, especialmente para las personas con discapacidad.

Pese a los indicadores adversos, resulta esperanzador que, en este ámbito, nuestra economía sea la mejor posicionada en Latinoamericana de acuerdo al informe “Women, Business and the Law”, del Banco Mundial. De esta manera, se reconoce a nivel internacional los esfuerzos que nuestra sociedad realiza en materia de inclusión y equidad de género.

Resulta esencial la apuesta que se debe hacer desde el gobierno y la empresa en lo concerniente a dichas políticas. Esto nos brindará la oportunidad de reconocernos mejor como una sociedad multicultural, que respeta la diversidad y que aprovecha al máximo todos los recursos que tiene inherente su población.