¿Nueva oportunidad para el Estado empresario?

La experiencia del Perú como Estado empresario es conocida. Durante el periodo 1970-1990, fuimos testigos de los resultados desastrosos que tuvieron muchas empresas estatales reflejados en cuantiosas pérdidas para el fisco y la economía peruana. Mala gestión, ineficiencia, corrupción y burocracia son algunos adjetivos con los que se suele hacer referencia a este periodo donde el rol del Estado empresario fue predominante.

Con esta experiencia, la actual Constitución delimita el rol del Estado a realizar subsidiariamente actividad empresarial en mercados donde el sector privado no participa. Sin embargo, la entrada del nuevo gobierno trae consigo incertidumbre acerca del manejo que tendrá nuestras empresas estatales, donde no se descarta un cambio en sus directrices ni el replanteamiento del rol subsidiario.

Décadas después de nuestra experiencia fallida, vale la pena preguntarse: ¿Qué señales tenemos de nuestras instituciones y del Gobierno entrante para pensar que un mayor protagonismo del Estado empresario será positivo?

En los últimos años se han dado grandes avances en la discusión del manejo y reforma de empresas estatales. De acuerdo con el Banco Mundial, entre los factores clave que impulsan reformas exitosas en empresas estatales se encuentra la definición clara del rol del Estado, el control de la corrupción y la promoción de la competencia sectorial. El control de la corrupción de un país está fuertemente asociado al desempeño de sus empresas estatales: es más difícil fortalecer su gobernanza en un entorno de corrupción e instituciones débiles. Por otro lado, la promoción de la competencia sectorial tiene un impacto positivo en el desempeño de las empresas estatales; por ello, diversas instituciones a nivel global promueven la “neutralidad competitiva”, concepto que ayuda a evaluar qué tan lejos está un mercado de ser un entorno competitivo, y por ende, qué tan eficiente es la asignación de recursos. Asimismo, el predominio de las decisiones técnicas sobre las políticas es fundamental, ya que muchos problemas se han derivado de la interferencia política en la toma de decisiones.

En ese sentido, la garantía de un buen Estado empresario tiene como base la delimitación clara de su rol, instituciones sólidas que respalden un adecuado control de la corrupción, el predominio de la base técnica en sus decisiones y la operación bajo condiciones de mercado.

A puertas de nuestro bicentenario, sabemos que el fortalecimiento de nuestras instituciones aún es una tarea pendiente, conocemos los desafíos que enfrentan nuestras empresas estatales bajo su rol subsidiario y, además, hemos sido testigos en diversos ámbitos de nuestra economía cómo es que decisiones de gobierno se han basado en intenciones políticas alejándose de la base técnica. Asimismo, la posición del nuevo Gobierno para prevalecer las condiciones de mercado en nuestra economía aún es bastante incierta.

En tal sentido, los problemas que enfrenta nuestra gobernanza pública en sus diferentes ámbitos, reflejan, inclusive bajo el actual rol subsidiario del Estado, la brecha existente para garantizar el buen desempeño del Estado empresario.