Por Luis Miguel Castilla Rubio
Exministro de Economía
En su primer mensaje a la Nación, el presidente Sagasti resaltó la necesidad de fortalecer la institucionalidad de las actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en nuestro país. Aun cuando es indudable que el manejo de las urgencias dominará la breve gestión gubernamental, priorizándose la aprobación del presupuesto del 2021, la preparación ante una eventual segunda ola de la pandemia y las garantías de unas elecciones transparentes y ordenadas, resulta fundamental que se retomen políticas para incrementar el crecimiento potencial del Perú.
Poner en agenda esta temática, considerando las elevadas tasas de retorno que posee la inversión en CTI y su impacto en los niveles de productividad, contribuirá a acelerar la reactivación económica post-pandemia. Es indudable que priorizar este tipo de apuestas hace más sentido que desgastar esfuerzos en infructuosos (y peligrosos) debates políticos (que planteen asambleas constituyentes) y que pondrían en serio riesgo el desarrollo nacional.
La agenda CTI hace parte de las políticas de Estado que nos han venido acompañando los últimos años. Pese a los esfuerzos por fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y las más recientes metas incluidas en el Plan Nacional de Competitividad, nuestro país se encuentra muy rezagado en cuanto a inversión en CTI en comparación con la región y la OCDE. Según el Banco Mundial, el gasto público en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI ha permanecido prácticamente constante en las últimas dos décadas, pasando de 0.11% en el 2000 a 0.13% en el 2018, muy por debajo de países como Brasil (1.3%), Argentina (0.5%) y Chile (0.4%), y el promedio de la OCDE (2.6%). Los largos plazos de maduración y los bajos réditos políticos de estas inversiones, por un lado, y la fragmentación y desarticulación de los esfuerzos públicos, por el otro, explican probablemente este rezago y la baja prioridad dada por los diversos gobiernos de turno.
A nivel empresarial, según la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera (ENIIM), solo 11.5% de las empresas ha realizado actividades internas o externas de investigación y desarrollo y 8.9% realizó actividades de transferencia tecnológica. Asimismo, 50.8% de las empresas conoce los programas y servicios públicos de apoyo a las actividades de innovación, y solo 24.9% postuló a alguno de estos programas. Dentro de las causas por las que las empresas no postularon a dichos programas, 61% afirmó que los programas no se adaptan a las necesidades de sus actividades y 39.2% afirmó que no postularon por dificultades burocráticas. En ese sentido, los programas de apoyo a la innovación no solo no poseen un nivel suficiente de difusión, sino que su nivel de pertinencia y acceso para las empresas es inadecuado.