Vacunas y fiscalización en el ámbito penal

Cuando nos demorábamos como país en cerrar el acuerdo por la vacuna con Pfizer pensé que se trataba del miedo fundado de funcionarios públicos en firmar el contrato al vislumbrar las fiscalizaciones que se vendrían en el futuro, ya pasada la emergencia sanitaria, por la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, con ojos de normalidad y no desde una perspectiva de emergencia. Pensaba en algún contador de la Contraloría o algún perito de la Fiscalía señalando que el precio de la vacuna era muy alto y que la ganancia de la farmacéutica era desmesurada, reprochando al funcionario público por no cuidar los recursos estatales.

En esa misma línea, en algún momento se invocó una cuestión de soberanía por la demora ya que al parecer la farmacéutica solicitaba que el Perú responda con su patrimonio en el extranjero en caso perdiese un hipotético arbitraje internacional e indemnidad por litigios promovidos por usuarios afectados por algún efecto secundario. Otras cláusulas también parecían incomodar, como la falta de certeza en la fecha y cantidad exacta de vacunas que llegarían al Perú y la confidencialidad que todos los productores de vacunas contra el covid-19 piden a sus contrapartes en cuanto al precio.

Para los fiscalizadores del futuro, un contrato con estas particularidades podría significar indicios de un interés indebido por parte de los funcionarios públicos y ello traducirse en procesos administrativos y penales de muchos años que en la gran mayoría de casos acabaría con la “pena del banquillo”.

Sigo pensando que el temor en firmar estuvo presente, como en tantos otros casos de compras públicas, pero qué duda cabe que la trama era bastante más compleja.

Al encargado del estudio clínico de la vacuna de Sinopharm le habían proporcionado vacunas para que sean aplicadas al personal encargado de los ensayos. Sin embargo, casos de personas vacunadas que nada tenían que ver con los ensayos, como la hija del encargado que vivía en Europa, el dueño del chifa que les hacía el delivery o el nuncio apostólico, entre otros, harían que su conducta pudiera enmarcarse en el delito de peculado.

Pero lo realmente preocupante es el conflicto de intereses de funcionarios públicos con poder de decisión en la contratación de la empresa proveedora que también recibieron las vacunas, como son el expresidente, la excanciller, la exministra de Salud, varios miembros de la Comisión Multisectorial, entre otros. En estos casos las investigaciones fiscales por negociación incompatible están lejos de carecer de fundamento. Se trata de conductas que revelan infracciones a las reglas más básicas de cualquier modelo de compliance en la interacción con funcionarios públicos: no dar o recibir regalos, viajes o vacunas.