Vacunas y patentes

Como en muchos otros sectores intensivos en tecnología, el modelo de negocio de la industria farmacéutica dedicada a la investigación y desarrollo ha estado marcado y delimitado por el uso y explotación de las patentes. En base a este régimen, las empresas realizan inversiones en investigación, estudios preclínicos y clínicos, entre otros; con la expectativa de que estos costos puedan recuperarse durante los años de comercialización del producto protegido.

El régimen obliga a los titulares de derechos a hacer público el documento de la patente. En retribución, se le otorga al titular un derecho de exclusividad para la explotación de los productos farmacéuticos, lo que en la práctica implica que la sociedad debe pagar mayores precios que en el caso que hubiera libre acceso a la tecnología.

Sin embargo, en contextos de pandemia, como el actual, los costos de restringir el acceso a la tecnología pueden ser altos. Por ello, los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) relacionados a la protección de la propiedad intelectual, contemplan la aplicación, para casos excepcionales, de la figura de la “licencia obligatoria”. Esta permite que por razones de interés público los países puedan autorizar la producción de un producto patentado, reconociendo a favor de la empresa una remuneración adecuada en contraprestación. Esta figura, de naturaleza temporal, ha sido utilizada en Estados Unidos, frente a la epidemia del ántrax o en Brasil y Alemania para productos vinculados a tratamientos contra el HIV; entre otros ejemplos.

La India y Sudáfrica han propuesto ante la OMC una medida más radical: que se establezca una excepción universal a la protección que otorgan las patentes a las vacunas contra dicha enfermedad. La principal razón esgrimida es la necesidad de incrementar la capacidad de producción a nivel mundial y, en especial, favorecer el acceso a estos productos a los países subdesarrollados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) de los 700 millones de vacunas administradas hasta marzo de 2021, el 87% se aplicó en países ricos y apenas el 0.2% a países de ingresos bajos.

La iniciativa ya contaría con la adhesión de Estados Unidos, de China además de otros 100 países y la objeción de la Unión Europea, Japón, Suiza, Reino Unido y Australia. A diferencia del caso de las licencias obligatorias, esta iniciativa podría involucrar una suspensión de la protección de los derechos de propiedad intelectual, es decir, no reconocería temporalmente derechos económicos sobre el uso de estas tecnologías.

En el corto plazo, para países como el Perú el efecto de esta medida sería relativo pues si bien podría implicar una mayor disponibilidad de vacunas, ocasionaría básicamente un traslado de rentas de laboratorios a países con capacidad de producción y no necesariamente a los países consumidores. Mayor preocupación, sin embargo, generan los efectos de mediano plazo de la medida sobre los incentivos para la continuidad de las investigaciones relacionadas con nuevas variedades del covid-19 y el perfeccionamiento de las vacunas existentes.