José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), indicó que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”. (CRISTINA VEGA RHOR / AFP).
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), indicó que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”. (CRISTINA VEGA RHOR / AFP).
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La comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso acordó citar al ministro Walter Ayala (Defensa) y al nuevo ministro del Interior, debido a la resolución suprema -aprobada por el Gobierno- que autoriza que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a las labores de la Policía Nacional del Perú en Lima y el Callao.

“La Comisión de Justicia y Derechos Humanos que presido aprobó citar para la próxima semana a los ministros de Interior y Defensa para que expliquen la RS 191- 2021 que dispone la intervención de las FF.AA. en apoyo a la PNP en su labor de control y mantenimiento de orden interno”, informó la parlamentaria Gladys Echaíz, presidenta de este grupo de trabajo.

Como se conoce, esta medida despertó cuestionamientos y preocupación de distintos sectores. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), indicó que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”.

Asimismo, Amnistía Internacional, movimiento que defiende los derechos humanos, también se mostró preocupado por esta decisión. “Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía y que las normas internacionales de DDHH exigen asegurar que el uso de las FFAA, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional”, precisó.

Como se conoce, este martes, el Gobierno autorizó hoy la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la delincuencia en Lima y Callao, con el objeto de “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales durante el plazo de 30 días calendario.

Según la Resolución Suprema 191-2021-IN, publicada hoy en el diario El Peruano, la medida dispuesta por el Ejecutivo responde a una solicitud presentada por la PNP debido al “incremento significativo” de la delincuencia común y organizada en ambas jurisdicciones.

La Policía alega que en Lima y Callao se ha registrado un aumento de las organizaciones delictivas dedicadas, entre otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos “que ponen en riesgo la integridad física de los ciudadanos”.

A través del documento, se reconoce que estas actividades ilícitas han logrado “sobrepasar” la capacidad operativa de la Policía.

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