Juan Burgos ( no agrupado ) señaló que la medida pretende fortalecer la gestión pública y garantizar un eficiente y responsable ejercicio de sus funciones (Foto: Congreso).
Juan Burgos ( no agrupado ) señaló que la medida pretende fortalecer la gestión pública y garantizar un eficiente y responsable ejercicio de sus funciones (Foto: Congreso).

El congresista Oliveros (no agrupado) presentó un proyecto de ley para incorporar la incapacidad mental como causal de de autoridades locales, con la finalidad de fortalecer la gestión pública y garantizar un eficiente y responsable ejercicio de sus funciones.

La iniciativa legislativa establece que el cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el concejo municipal, por “incapacidad física o mental permanente acreditada por autoridad competente, que impida el desempeño normal de sus funciones”.

La propuesta legal modifica el inciso 3, del artículo 22 de la Ley 27972,  Ley Orgánica de Municipalidades.

El proyecto señala que la incapacidad mental, también conocida como discapacidad intelectualse refiere a una condición en la que una persona tiene limitaciones significativas en su funcionamiento intelectual y en sus habilidades adaptativas, informó la Agencia Andina.

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Estas limitaciones, agrega, pueden manifestarse en áreas como el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, la comunicación, la interacción social y las habilidades prácticas para el cuidado personal.

“La importancia del cargo de elección popular, como es el alcalde y los regidores, y su trascendencia en el desarrollo de una determinada comunidad no lleva a la necesidad de incorporar en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la incapacidad mental como causal”, precisa la propuesta legal del congresista Burgos Oliveros.

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Se indica también que la iniciativa está formulada dentro del marco legal, pues pretende de fortalecer la gestión pública y garantizar un eficiente y responsable ejercicio de sus funciones y asegurar la idoneidad de las autoridades del gobierno local, a través de la incorporación de la causal de incapacidad mental para autoridades locales.

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