Midori de Habich
Economista
En el reciente reporte “Mirando hacia atrás al año que cambió el mundo: La respuesta de la OMS al COVID-19”, la Organización Mundial de la Salud señala que “los países que han podido reducir la transmisión y controlar los brotes han podido minimizar la mortalidad por COVID-19 y, al mantener la capacidad de brindar atención clínica y la prestación continua de servicios de salud esenciales, también han minimizado la mortalidad de todas las causas.
Por el contrario, en los países que no han podido controlar la transmisión comunitaria, los brotes han crecido exponencialmente. En la mayoría de los países que han experimentado una transmisión descontrolada, el rápido aumento de pacientes que buscan atención hospitalaria desbordando la capacidad del sistema de atención de salud, ha obligado a las autoridades a introducir medidas generalizadas de distanciamiento físico a nivel de la población y restricciones de movimiento para ralentizar la propagación y ganar tiempo para establecer otras medidas de control.
Estas medidas de distanciamiento y restricciones de movimiento pueden romper las cadenas de transmisión del COVID-19 al limitar el contacto entre personas. Sin embargo, también pueden tener un impacto negativo en las personas, las comunidades y las sociedades al imponer severas restricciones a la vida social y económica, las cuales afectan de manera desproporcionada a los grupos de escasos recursos que dependen del trabajo diario para su subsistencia, a aquellos en situación de pobreza, a migrantes y a desplazados internos”.
Lamentablemente, una mirada al año que pasó nos deja un balance con muy bajo nivel de desempeño del Perú en la respuesta a la pandemia, estando entre los países con mayor mortalidad y mayores costos económicos y sociales. Es así que en este año y los venideros debemos enfrentarnos a los desafíos urgentes de salud pública: cómo controlar la transmisión comunitaria; cómo brindar atención a las personas infectadas en diferentes niveles del sistema de salud; y cómo proteger los servicios de salud esenciales.
Sigue siendo asignación pendiente tener un sistema para detectar, aislar y tratar casos, y rastrear y poner en cuarentena a los contactos seguirá siendo piedra angular del manejo de la pandemia. Es crucial tener capacidad de laboratorio y diagnóstica para la detección de casos para la atención y el aislamiento de las personas infectadas para interrumpir la transmisión de la enfermedad.
La prevención y control de infecciones son las medidas más efectivas para combatir el COVID-19, protegiendo a los trabajadores de la salud y los pacientes; uso de mascararillas, distanciamiento social y otras medidas deben reforzarse. Un pilar fundamental es la comunicación de riesgos y la participación comunitaria para proporcionar información oportuna, relevante y útil para salvar vidas, alentando a las personas a adoptar prácticas de salud seguras, escuchando a las comunidades y apoyando soluciones dirigidas por la comunidad.
Continuará siendo urgente cerrar la brecha de atención hospitalaria que se ve afectada por aproximadamente 15% de pacientes con COVID-19 que desarrollan casos severos con necesidad de soporte de oxígeno y 5% requieren manejo en UCI con respiración asistida. Asimismo, se debe iniciar a la brevedad la restauración de los servicios de salud esenciales que se vieron drásticamente interrumpidos con la clausura del primer nivel y el desplazamiento de los recursos del sistema a la atención del COVID. Las primeras cifras de mortalidad materna nos alertan que ha habido un retroceso significativo en nuestros indicadores sanitarios básicos.
Estos son los desafíos en salud pública del próximo gobierno. No se escuchan suficientemente estos temas en el débil debate electoral y eso nos debe preocupar.