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La Defensoría del Pueblo exhortó a los gobiernos regionales y locales a adoptar medidas de prevención para proteger a la población ante la temporada de lluvias, especialmente en las regiones ubicadas en la Amazonía, sierra central y sierra sur. Y es que, según dijo en un comunicado, este panorama ya había sido advertido, pero solo un reducido porcentaje de funcionarios de los gobiernos regionales y municipales tomó conocimiento de ello.
“Hay que recordar que son hechos previsibles que se pudieron evitarse desde los estudios que hizo el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el año pasado, basado en información que dio el Senamhi. Lo que llama la atención es que desde este año, durante el primer mes (enero), se han cursado miles de correos a las autoridades regionales y municipales recordándoles el escenario de riesgo que ya habían previsto. Sin embargo, la Defensoría ha tomado conocimiento que solo el 4% de funcionarios encargados de la gestión de riesgos de desastres ha podido descargar esta información y hacerla suya”, indicó Eugenia Fernán Zegarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo en diálogo con RPP.
De acuerdo a Cenepred, hay probabilidad de superávit de lluvias en la sierra central y sur, así como en la selva central y el sector norte de selva baja para el periodo comprendido entre enero y marzo de este año, lo que podría intensificarse a partir de este mes de febrero en regiones como Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín y Tacna, entre otras.
Según el mismo reporte, hasta el momento se han identificado 1′153 810 personas en riesgo muy alto por inundaciones. En esta condición se incluye a un total de 279,408 viviendas, 801 establecimientos de salud y 3,736 instituciones educativas. Asimismo, se estima que 1′566,727 personas se encuentran en muy alto riesgo ante posibles deslizamientos, huaicos o caída de rocas, junto a 448,246 viviendas, 1,673 establecimientos de salud y 10,387 instituciones educativas.
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¿Qué advertía estos documentos?
En los documentos dirigidos a los gobiernos regionales, se precisó la obligación que tienen dichas instituciones de llevar a cabo gestiones que impliquen la protección de la población expuesta a las lluvias intensas. “Ante situaciones de emergencia o desastre, corresponde a los gobiernos regionales y locales atender y asegurar que los servicios públicos no se interrumpan dado que guardan estrecha relación con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables”, afirmó la representante de la Defensoría del Pueblo.
En ese sentido, como parte de las recomendaciones, se pidió a los gobiernos regionales disponer la descolmatación de ríos, mantenimiento de drenajes y control de zonas críticas y fajas marginales en cauce de ríos, entre otras acciones orientadas a la protección de la población. Asimismo, ejecutar de manera eficiente el presupuesto destinado a la atención de emergencias por desastres y garantizar el stock de bienes de ayuda humanitaria en los almacenes de cada entidad.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo pidió a los gobiernos regionales y locales adoptar medidas para garantizar la atención y servicios a favor de las personas en condición de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con afectación severa de su salud física y emocional, a fin de no afectar los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda y seguridad.