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La presidenta ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, advirtió ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos sobre la insostenibilidad del financiamiento destinado al tratamiento de pacientes aquejados por enfermedades renales crónicas. “Los recursos financieros no se equiparán con el creciente número de pacientes que requieren atención especializada”, señaló.
“Tenemos una discordancia enorme”, señaló Aguilar del Águila, subrayando que EsSalud atiende a un número desproporcionado de pacientes en comparación con su base poblacional. Con aproximadamente 12 mil pacientes inscritos en el servicio de diálisis, la carga financiera se torna abrumadora, ascendiendo a 564 millones de soles anuales, solo en sesiones de diálisis. El costo total para el tratamiento de estos pacientes alcanza los 700 millones de soles anuales, un desafío económico que se ha ido agravando desde el 2019.
La titular de EsSalud, señaló que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus se perfilan como las principales causas de enfermedades renales crónicas, representando un 35.9% y un 34.5% respectivamente. Este dato, sumado al aumento exponencial de pacientes en necesidad de servicios de diálisis, genera una presión financiera significativa sobre el sistema de salud.
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La ejecutiva de EsSalud que acudió al referido grupo de trabajo que preside el congresista Wilson Soto Palacios subrayó que el sistema de salud debe fortalecerse en su primer nivel para evitar la sobrecarga en especialidades como cardiología y nefrología. Además, resaltó la discrepancia entre los recursos destinados a diálisis por parte de Essalud y el Ministerio de Salud, indicando que Essalud invierte considerablemente más en estos servicios.
MEDICAMENTOS GENERICOS
Por otro lado, en el debate de la comisión de Defensa del Consumidor se abordó el predictamen relacionado con los medicamentos genéricos. El proyecto que modifica la ley 29459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, a fin de ampliar la protección al consumidor propone que los servicios de farmacia privadas, mantengan un stock mínimo del 30% de medicamentos esenciales genéricos. Esta medida busca garantizar el acceso a medicamentos asequibles y fomentar su disponibilidad en el mercado.
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Durante el debate en el mencionado grupo de trabajo, se solicitó la ampliación de la obligatoriedad de la venta de los medicamentos genéricos por parte del Estado, pidieron también se permita la publicidad de medicamentos únicamente dirigida a los profesionales de la salud, así como permitir la venta de ciertos productos no farmacéuticos en las boticas y farmacias.
Al respecto la congresista Adriana Tudela Gutiérrez (AP) argumentó a favor de permitir la venta de alimentos y víveres en farmacias, citando ejemplos de países como Colombia, México y Estados Unidos, donde esta práctica es común. Enfatizó que restringir esta posibilidad pondría en desventaja a las boticas y farmacias independientes frente a las grandes cadenas de supermercados, lo que podría afectar su competitividad y acceso a una clientela más amplia.
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