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El Ministerio Público mantiene vigentes al menos 12 investigaciones sobre deforestación causada por monocultivos, que resultan emblemáticas por las extensiones de bosque involucradas. Las áreas afectadas se encuentran principalmente en los departamentos de Ucayali y Loreto.
De acuerdo con las hipótesis fiscales, el común denominador estaría en el proceder de los investigados: adquirir hectáreas de terreno en la Amazonía a bajo precio y eliminar los árboles para establecer allí sus sembríos, por lo general de cacao o palma aceitera, sin antes haber obtenido una autorización para ello. El precio de los terrenos es bajo porque no son los apropiados por la agricultura, pues se trata de bosques húmedos tropicales.
Uno de los más representativos es el caso Tamshiyacu, por el cual la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Iquitos lleva adelante un proceso penal por la deforestación, producida en el 2013, de unas 1,900 hectáreas de territorio que incluía bosques, donde operaba la empresa Cacao del Perú Norte, ahora Tamshi SAC.
En el marco de dicho caso, dos investigados recibieron una sentencia de cuatro años de prisión suspendida y la obligación de pagar una reparación civil de S/ 15 millones de forma solidaria con la empresa. Sin embargo, ellos han apelado el fallo y se tenía previsto que sustenten este recurso en octubre de 2020, según documentos a los que accedió Gestion.pe.
Esta investigación dio origen a otras tres por delitos contra los bosques, tráfico ilegal de madera y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, respectivamente. Por este último delito se investiga al excongresista Fernando Meléndez Celis, en su condición de exgobernador regional de Loreto, como parte del caso Tamshi III.
Otra investigación de un caso grave corresponde al de Palmas de Huallaga, según la cual entre el 2017 y el 2019 esta empresa taló bosque primario en 2,118 hectáreas de territorio de Loreto.
Al ser consultado sobre estos hechos, el procurador del Ministerio del Ambiente (Minam), Julio Guzmán Mendoza, señala que una práctica recurrente entre las empresas involucradas en delitos forestales es comprarles terrenos por un bajo precio a las comunidades que usualmente los empleaban para agricultura familiar.
“Hay una gran diferencia entre lo que la ley permite a un agricultor familiar, que deforesta por año unos 250 o 300 metros de 5,000 hectáreas, que es algo mínimo; y lo que hace una empresa al eliminar el bosque para sembrar cientos de hectáreas. Se ha descubierto esta modalidad en la Amazonía y varias empresas han estado vinculadas”, explicó.
Asimismo, sostuvo que la siembra de monocultivos es la principal causa de deforestación en la Amazonía peruana, seguida de la agricultura migratoria, la minería ilegal y la ganadería.
“Lo que más está creciendo son los monocultivos. Apareció en los últimos tres o cuatro años una cantidad importante de monocultivos, aunque parece que se han paralizado últimamente. Luego de eso viene la minería, que está incrementándose con fuerza, sobre todo en Madre de Dios, donde eliminan los bosques para buscar oro”, agregó.
Tala ilegal
La incidencia de tala ilegal sigue en aumento pese a haberse puesto los reflectores sobre este delito con la revelación del caso Yacu Kallpa en el 2016, que hasta ahora es el mayor escándalo forestal en la historia del país. Al ser detenida la embarcación con dicho nombre cuando se dirigía desde Perú a los Estados Unidos, se detectó que más del 96% de la madera a bordo tenía origen ilegal.
El caso se distribuyó en 52 carpetas de investigación que involucran a 152 personas, entre empresarios madereros y funcionarios o exfuncionarios de los gobiernos regionales. La etapa de la investigación fiscal ya concluyó y se espera que en los próximos días la FEMA de Loreto presente la acusación penal.
Este hallazgo tuvo eco a nivel internacional, pero en general hay alrededor de 9,000 investigaciones por tala ilegal abiertas en el país, de las cuales unas 50 corresponden a casos emblemáticos.
“En algunos casos se puede detectar toda la cadena, en otros no porque hay un quiebre de la información. Lo ideal es que se elaboren casos en que se conecten todos los elementos. Hay una tendencia al incremento del número de casos de tala ilegal cada año”, señaló Guzmán.
A inicios de este año, el Ministerio del Ambiente (Minam) informó que en el 2019 la deforestación en Perú abarcó unas 147,000 hectáreas de bosques, un área superior a la superficie de Hong Kong.