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La Contraloría emitió un informe en el que se insta a iniciar acciones penales en contra de siete funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) por presuntas irregularidades detectadas en la gestión de trabajos de reubicación de redes primarias de alcantarillado, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).
Dichos trabajos corresponden a la interferencia con la Línea 1 Tramo 2 del Metro de Lima, que ocasionaron en enero del 2019, entre otros, el colapso de las tuberías en el tramo Pirámide del Sol.
El informe señala que la actuación de los funcionarios ha causado a la fecha perjuicios económicos por US$ 2′677,368,48 por el tramo Pirámide del Sol, y S/ 16′827,563,34 por los tramos Bayóvar - Santa Rosa y Caja de Agua. Sin embargo estos montos se incrementarían por encontrarse aun en ejecución los trabajos para la reposición integral de las tuberías de alcantarillado reubicadas en estas zonas del distrito.
El organismo de control precisó que dos funcionarios de la AATE habrían favorecido al Contratista Consorcio Tren Eléctrico -conformado por Odebrecht S.A. y GyM S.A.- al permitirle que contrate directamente a una tercera empresa (IVC Contratistas Generales SRL) sin contar con marco legal, y cuya propuesta económica aprobó “extemporánea e indebidamente”, para que ejecute los trabajos de reubicación de interferencias con las redes primarias de agua potable y alcantarillado.
Además, se detectó que los funcionarios de la AATE dispusieron el pago al consorcio por los citados trabajos, por el monto de S/ 71′626,583.72, sin exigir el sustento técnico ni administrativo.
A ello se suma que no gestionaron la contratación de la supervisión, conforme exigía la normativa de contrataciones y de presupuesto, ocasionando la ausencia total de controles técnicos, indispensables dada la magnitud de la obra, especialmente en las redes primarias de alcantarillado, cuya ejecución no se ciñó al expediente técnico aprobado cuatro meses después de iniciados los trabajos.
El informe indica que estos hechos ocasionaron que las redes primarias de alcantarillado de los tramos Bayóvar-Santa Rosa, Caja de Agua y Pirámide del Sol, actualmente evidencien deformaciones y desalineamientos horizontales y verticales, así como el colapso de las redes primarias del tramo Pirámide del Sol.
“Esto determina un perjuicio económico al Estado por el monto que deba desembolsar para la reposición definitiva de las tuberías afectadas; monto final que no resulta posible establecer por encontrarse en ejecución las respectivas obras”, detalla el informe.
La auditoría determinó, además, que funcionarios del Sedapal y un funcionario de la AATE suscribieron un “Acta de Transferencia y Conformidad de Obras Ejecutadas”, mediante la cual establecieron que los trabajos de reubicación fueron entregados a Sedapal en perfecto estado de funcionamiento.
Sin embargo, dicha acta no está prevista en la Ley de Contrataciones del Estado ni en el contrato de obra principal. Además, no efectuaron la verificación del estado de los trabajos, y pese a ello, otorgaron su conformidad otorgaron.
De esta forma, funcionarios de la AATE y Sedapal habrían favorecido indebidamente al consorcio Tren Eléctrico liberándolo de responsabilidad. A ello se suma el agravante que, a la fecha de la suscripción del Acta, los trabajos no habían sido recepcionados ni liquidados por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.