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El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, aseveró que las propuestas del Ejecutivo para abordar la problemática del hacinamiento en los penales tienen un sustento técnico.
“Este abordaje que ha hecho la presidenta de la República, Dina Boluarte, (en su mensaje a la Nación) es un abordaje técnico ante esta situación de emergencia y el INPE tendrá que tener esta capacidad de respuesta también”, señaló en diálogo con Canal N.
La jefa de Estado anunció que se tiene previsto la construcción de dos penales por un monto de S/ 300 millones. El financiamiento para las obras será incluido en el presupuesto general del 2024.
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El objetivo es que, hacia el final de su mandato, se haya invertido un total de S/ 1,630 millones en los centros de reclusión a nivel nacional.
En ese sentido, el presidente del INPE precisó que se iniciarán los expedientes técnicos el próximo año, para lo cual ya han iniciado conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
“A la fecha tenemos más de 93,000 reos por lo que nuestra capacidad ya ha sido superada”, indicó.
El funcionario reveló que las dos nuevas cárceles serían el Penal de Abancay y el Penal de Arequipa, proyectos que actualmente se encuentra paralizados y que buscan reiniciar a la brevedad.
Estas obras responden a que anteriormente se tenía un promedio de crecimiento de la población privada de su libertad no mayor de 500 al mes, con lo que se llegaba a 5,000 al año. Sin embargo, en julio del presente año se alcanzó la cifra de 809 reos.
“De enero a julio de este año tenemos 3,500 personas privadas de su libertad. Si la proyección sigue, vamos a superar los 5,000 que se alcanzaba antes”, refirió.
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Vigilancia electrónica
En otro momento, Javier Llaque dijo que se impulsa un proyecto de ley para que realizar la vigilancia electrónica a personas que todavía no hayan sido condenadas y se encuentren procesadas por delitos leves como hurto o tentativa de hurto o que estén a punto de cumplir su condena por robo sin violencia o comercialización de drogas.
“Hay gente condenada a 15 años y ya tienen 14 cumplidos. Han trabajado, estudian, tienen buena conducta. No decimos que salgan completamente libres faltando 1 año, sino que estén con vigilancia electrónica, con nuestra supervisión [...] Siendo presuntamente inocentes no deberían estar dentro sino con vigilancia electrónica”, comentó.
Por ello, invocó al Congreso de la República a que pueda debatir y admitir la propuesta que permitiría reducir el hacinamiento de forma progresiva con la salida inicial de 500 procesados, con proyección a que la medida alcance hasta 3,000 beneficiarios.
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