Ministra Muñoz sobre Acuerdo de Escazú: “Ayudará a prevenir conflictos ambientales”

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, indicó que el Acuerdo Escazú suscrito por el Estado peruano será provechoso para el país y pidió a las empresas privadas que reconozcan la importancia de este para prevención de conflictos.

“Este acuerdo fortalece la posición del Perú, no la debilita. Creo que las empresas deberían entender mejor que si protegemos a los defensores ambientales, si damos derecho a la participación, si tenemos más transparencia vamos a prevenir los conflictos”, afirmó en TV Perú.

El Acuerdo de Escazú fue firmado por el Perú en el 2018 y busca que los países miembros garanticen la implementación plena y de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En esa línea, la titular del sector indicó que el instrumento “no está yendo en contra de las inversiones” y que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó suscribirlo y avanzar en esta línea.

“En el proceso peruano hemos aprendido que mientras más transparencia, más información tenga la población se pueden prevenir los conflictos”, agregó.

Cabe indicar que, en su momento, la firma del acuerdo tuvo la opinión favorable de los ministerios de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, del Ambiente y de Relaciones Exteriores.

Piden ratificación

El Congreso de la República tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, consolidar nuestra democracia y contribuir con la disminución de conflictos socioambientales que afectan a las poblaciones más vulnerables  si ratifica el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú,destacó la OGN Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). 

Asimismo, refirió que este tratado regional garantiza la protección de las personas defensoras del ambiente. Se trata de un instrumento que incluye a las poblaciones más vulnerables, pueblos indígenas y comunidades para que logren acceder a la justicia en asuntos ambientales y tengan derecho a participar en la toma de decisiones públicas ambientales, ya que en múltiples ocasiones son criminalizados e incluso arriesgan sus vidas por defender sus territorios y el medio ambiente.

“El  Acuerdo de Escazú  es una herramienta que reafirma derechos como la participación ciudadana, la transparencia y acceso a la información en materia ambiental, no significa una pérdida de la soberanía de los Estados sino una garantía de que las decisiones que puedan afectar nuestro medio ambiente, incorporen los distintos modos de pensar de un país intercultural como el nuestro”, precisó Francisco Rivasplata, coordinador del programa Derechos y Justicia Ambiental de DAR. 

Más del 67% de los conflictos sociales en el país son de carácter socioambiental, según reportes de la Defensoría del Pueblo. Escazú aporta al ejercicio de derechos fundamentales como la participación ciudadana, debidamente informada, y reconoce la importancia de que  las poblaciones más vulnerables se involucren en la  toma de decisiones para evitar conflictos socioambientales que tanto daño le hacen al país. El Acuerdo de Escazú, al ser un tratado de derechos humanos, no avala protestas ilegítimas.

DAR agregó que otro derecho que resguarda Escazú, es el acceso a la información, vital para la vigilancia ciudadana, más aún tras los casos de corrupción como el de Odebrecht en América Latina y el Caribe.

El Acuerdo está a dos ratificaciones para su entrada en vigor. En ese sentido, DAR subrayó urgente que el Congreso de la República apruebe el Acuerdo de Escazú para que el Perú sea un Estado Parte del referido tratado y se reafirme su compromiso con la democracia.

“Para ello, la deliberación que se realice en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y, eventualmente, en el Pleno, debe partir de información adecuada y argumentos jurídicamente válidos, de modo que el diálogo sea honesto, informado y responsable”, subrayó.