:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/LVKBC5DPF5DXDH5563WIT6HSR4.jpg)
Cuatro federaciones de indígenas de la Amazonía peruana reclamaron a la petrolera canadiense Frontera completar la descontaminación de numerosos derrames de crudo acontecidos en los últimos cinco años en el Lote 192.
En una carta remitida al director ejecutivo de la empresa y a las autoridades canadienses, las organizaciones indígenas exigieron el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales de Frontera, que hace un mes y medio concluyó sus operaciones en el yacimiento.
Los firmantes del documento representan a comunidades nativas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicados en Loreto, la mayor región de la Amazonía peruana, donde se encuentra el Lote 192.
Rubrican la carta la Federación Indígena Quechua del río Pastaza (Fediquep) y la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor).
También la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) y la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (Opikafpe).
Más de 7,000 afectados
Según su misiva, cerca de 7,000 habitantes de más de 20 comunidades nativas se han visto afectados por daños ambientales ocurridos durante la etapa que el Lote 192 estuvo en manos de Frontera.
Desde el 2015 hasta agosto del 2020 se registraron 83 derrames de petróleo en el Lote 192, de acuerdo con los datos recopilados en una investigación de la organización Oxfam y la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).
De ellos, el 72% se debieron a corrosión de oleoductos o fallas operativas, lo que para las federaciones indígenas es responsabilidad directa de la empresa.
Las comunidades más afectadas fueron José Olaya, con 22 derrames; Antioquía, con 19; Nuevo Andoas, con 17; y Doce de Octubre, con 13.
Para los denunciantes, Frontera tampoco respetó los derechos humanos ni estándares internacionales” en sus relaciones con las comunidades nativas ubicadas en el área de operaciones del Lote 192.
Acusaron también a la empresa de incumplir la normativa nacional y de “utilizar algunas normas y términos de su contrato para legitimar malas prácticas”.
Labores inconclusas
Frontera culminó sus operaciones en el Lote 192 el 5 de febrero, tras vencerse el contrato temporal que suscribió inicialmente en 2015 por dos años pero que se extendió por diversas circunstancias.
El mismo día que anunció el cese de sus actividades en el Lote 192, Frontera aseguró que “ha honrado sus compromisos contractuales y continuará cumpliendo con sus compromisos sociales y ambientales”.
La compañía, que aún tiene pendiente presentar su plan de abandono del lote, precisó en febrero que ya había descontaminado el 90% de los puntos impactados por accidentes ambientales y que completaría estas labores en un periodo de tres meses.
Asimismo, la empresa señaló que ha cumplido con el 90% de los compromisos con las comunidades nativas y “continuará ejecutándolos y cerrando los acuerdos pendientes hasta su total terminación”.
Durante su periodo en el Lote 192, Frontera destacó haber generado más de 5,000 puesto de trabajo, entre directos e indirectos, y haber pagado al Estado peruano S/ 250 millones (US$ 67.2 millones) en concepto de canon minero y fondo social, así como regalías por valor de 1.7 millones de barriles de crudo.
En programas de responsabilidad social invirtió S/ 32 millones (US$ 8.6 millones) en salud, educación, desarrollo económico, infraestructura, fortalecimiento cultural étnico y desarrollo de liderazgo indígena, de los que se beneficiaron más de 8,400 habitantes de 19 comunidades nativas.
Pozos paralizados
Actualmente la explotación de los pozos del Lote 192 está paralizada a la espera de que concluya el proceso de consulta previa con las comunidades nativas para el nuevo capítulo de explotación de este yacimiento, que será asumido por la petrolera estatal Petroperú junto a un socio aún por determinar.
Además de la descontaminación de los derrames ocurridos durante el periodo de Frontera, el Estado mantiene un pulso con la petrolera argentina Pluspetrol para que se haga cargo de la descontaminación de los daños ambientales sucedidos desde el inicio de la explotación del yacimiento en los años 70 hasta el 2015.
Sin embargo, la compañía argentina alega que solo le corresponde descontaminar los impactos ocurridos durante el periodo que tuvo a cargo el Lote 192, que fue del 2001 al 2015, y ha anunciado la liquidación de su filial, Pluspetrol Norte, por la “arbitrariedad” del organismo ambiental de Perú.