Alan García se dirigió al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Alan García se dirigió al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. (Foto: Mario Zapata / GEC)

El expresidente peruano Alan García anunció que volverá a la actividad política, después de que Uruguay rechazara este lunes su pedido de asilo diplomático mientras es investigado por presunta corrupción.

"Iniciaré un trabajo político en el Partido Aprista", declaró García a periodistas, a los que también anunció que ha decidido entregar al fiscal que lo investiga, José Domingo Pérez, su pasaporte, un constancia domiciliaria y un certificado de trabajo.

García sostuvo que ahora cree "importante confiar" en las afirmaciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, y de las autoridades judiciales, de que "hay independencia de poderes y no persecución política".

Agregó que, por ese motivo, ha decidido entregar sus documentos a Pérez y dijo que seguirá "asistiendo a todas las convocatorias" que le haga la Justicia.

Reiteró, por otra parte, que hace dos semanas y media ingresó en la residencia del embajador uruguayo en Lima porque "se le informó que se pediría una detención preliminar" en su contra.

Consideró que esa presunta orden de detención, que el Ministerio Público ha negado que se pensara solicitar, "era abusiva e ilegal".

Indicó que tras la decisión de Uruguay de negarle el asilo ha resuelto responder ante la Justicia, aunque dijo que lamenta que "últimamente se sumen denuncias a veces sin sospecha alguna".

García sostuvo que si estas investigaciones se extienden a las "miles de obras" que hizo durante su segundo Gobierno (2006-2011) saldrá "a defender" cada una de ellas.

"Confío en lo que se ha dicho, sino que el tema del asilo si bien no tuvo éxito por las presiones políticas existentes, ha servido para que la comunidad internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos esté siguiendo muy de cerca" este caso, acotó.

Alan García es investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Asimismo, Odebrecht le pagó US$ 100,000 por una conferencia que dio en 2012 en Sao Paulo, supuestamente desde la cuenta oculta con la que pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica.

Esto llevó a que un juez peruano le prohibiese abandonar el país por 18 meses para asegurar su presencia en las distintas diligencias de la investigación, dado que reside en Madrid desde 2016.