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Desde que irrumpió en la política en 1990, el expresidente Alberto Fujimori dividió a la sociedad de Perú entre los que ensalzan su figura, al considerar que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico, y los que remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos y abusó de las instituciones democráticas para conservar su poder.
Fujimori, de 85 años y cuya liberación ha sido ordenada este martes por el Tribunal Constitucional en desafío de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cumplía una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad por dos matanzas cometidas en Lima por el grupo militar encubierto Colina y el secuestro de un periodista y un empresario tras el “autogolpe” que dio en abril de 1992.
El exmandatario, apodado “Chino” por sus rasgos orientales, a pesar de ser descendiente de japoneses, nació en 1938 y ejerció un gobierno de mano dura en Perú entre 1990 y 2000.
En la primera ocasión venció como candidato antiestablecimiento al escritor Mario Vargas Llosa y fue reelegido otras dos veces en medio de denuncias de fraude.
Fujimori dio el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado, luego de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.
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Tras la presión de países y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobernante convocó a un Congreso Constituyente que promulgó en 1993 una nueva Constitución Política, que aún está vigente.
En 1994, se divorció de Susana Higuchi tras un conflicto familiar que incluyó la denuncia de su esposa ante el Congreso de que había sido torturada por los servicios de seguridad, y llevó a su hija mayor, Keiko, a convertirse en primera dama del país, cuando solo tenía 19 años.
Higuchi falleció en diciembre del 2021 a los 71 años, de un cáncer al pulmón que padeció durante los últimos años.
Los simpatizantes de Fujimori lo admiran por haber derrotado durante su gestión a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y por haber detenido la “hiperinflación” que heredó del primer gobierno de Alan García (1985-1990).
Sin embargo, durante su mandato también se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien también está preso.
Con la difusión, en septiembre de 2000, de un vídeo en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.
Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó a Perú en 2007.
El exgobernante cumplió su condena desde 2009 en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, era una “cárcel dorada” que no se comparaba a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibió continuamente a sus familiares y partidarios.
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En esa prisión ha ido ganando de manera progresiva compañeros de reclusión y ahora la comparte con Alejandro Toledo, su principal opositor al final de su mandato, y Pedro Castillo, cuyo mensaje golpista recordó a muchos el pronunciado por Fujimori en 1992.
Durante los últimos años, “el chino” fue operado en seis ocasiones de una dolencia precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia, y también afrontó problemas estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares.
En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó con el argumento de que una junta médica había determinado que padecía una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” y que las condiciones carcelarias implicaban grave riesgo para su vida.
Investigaciones posteriores señalaron que el indulto fue otorgado como consecuencia de un aparente acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski, quien finalmente renunció al cargo en marzo de 2018.
La gracia presidencial fue anulada posteriormente por un juez y Fujimori debió volver a la cárcel, después de que Kuczynski dejará el cargo y Kenji fuera desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko.
En octubre del 2021, fue sometido a un cateterismo en el corazón en una exclusiva clínica de Lima, para aliviar una obstrucción en una arteria, y en noviembre volvió a ser internado por complicaciones por una fibrosis pulmonar.
En el plano legal, la Justicia peruana confirmó en enero de 2020 que Fujimori debía ser juzgado por el “caso Pativilca”, en el que se atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de esa localidad del norte de la región Lima.
En diciembre pasado otro tribunal determinó que el expresidente debía ser juzgado por la denuncia de esterilizaciones forzadas cometidas durante su régimen, por lo que se estaba a la espera de que se concrete un pedido de ampliación de su extradición de Chile.
La polémica en torno a su figura ha llegado a dos de sus cuatro hijos, considerados sus herederos políticos: la tres veces candidata presidencial Keiko, que espera el inicio de un juicio por presunto lavado de activos, y el exlegislador Kenji, condenado a 54 meses de prisión por tráfico de influencias.
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