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El expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo (Ate), parece haber encontrado una luz al final del túnel. Su abogado, Paolo Aldea, exigió esta mañana su inmediata liberación al alegar que ya se cumplieron los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso en el año 2017 por el caso Interoceánica.
La solicitud fue ingresada formalmente ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien deberá analizarla.
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En diálogo con RPP, el abogado explicó que se debe contabilizar dentro del plazo de prisión preventiva impuesto en contra de su cliente los ocho meses y tres días que estuvo detenido en Estados Unidos con fines de su extradición.
“En los Estados Unidos (Alejandro Toledo) tiene una detención con fines de extradición a partir de esta prisión preventiva ordenada en el Perú que ha durado 8 meses y 3 días, y hay un segundo momento que empieza el 21 de abril del año pasado y que computa una prisión de hoy de 10 meses, del 21 de abril al 21 de febrero”, dijo a RPP.
En ese sentido, remarcó que si se suman ambos plazo se concluye que el plazo de prisión preventiva venció el pasado lunes 19 de febrero; no obstante, añadió que esperarán dos días adicionales para esperar el pronunciamiento de las autoridades peruanas.
“Hemos sido cautos al dar dos días al juez de investigación preparatoria para que tome una decisión sobre la situación jurídica. Un antecedente cercano es el caso del señor Martín Belaunde (Lossio). Si leemos la resolución que da la corte, se le computa el plazo que ha estado en Bolivia detenido y se le agrega el plazo detenido en Perú”, manifestó tras precisar que todos los casos en los que se ha extraditado a personas del extranjero se ha seguido el mismo tratamiento.
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No pidieron ampliación de prisión preventiva
En otro momento, Aldea cuestionó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, en especial, a José Domingo Pérez, por no haber previsto esta situación y por no haber solicitado la ampliación de la prisión preventiva que pesa en contra de su cliente.
“Se ha vencido el plazo y los fiscales del caso Lava Jato, en vez de atender estos temas y conmoción armada por Jaime Villanueva, deben estar atendiendo sus casos. Ese señor (José) Domingo Pérez ha debido pedir, de ser necesario, la prolongación de la prisión preventiva como lo ordenaba la norma procesal”, sostuvo.
Respecto a qué decisión debería adoptar Concepción Carhuancho, el abogado consideró que este debería imponerle al expresidente un arresto domiciliario o cualquier otra medida diferente a la detención para garantizar su presencia en el proceso.
En caso no reciba una respuesta satisfactoria de las autoridades, Aldea adelantó que recurriría a la vía diplomática para pedir el pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos, país que autorizó la extradición del exmandatario.
“Hago un llamado a la embajada (de Estados Unidos) para que estén atentos a la decisión que tome el Poder Judicial. Vamos a mandar una carta porque consideramos que ellos son garantes. Si no tenemos una respuesta, tenemos que recurrir a la vía diplomática”, apuntó.
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