Amado Enco, procurador anticorrupción. (Foto: GEC)
Amado Enco, procurador anticorrupción. (Foto: GEC)

La Procuraduría Anticorrupción informó que durante el año 2019 logró ejecutar el cobro de más de S/37 millones por reparación civil a sentenciados por corrupción a nivel nacional.

“La suma económica recuperada representa una de las cifras más alta en el registro anual del cobro de las reparaciones provenientes de diversas sentencias judiciales de esta Procuraduría especializada, creada en el año 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 1068”, informó la entidad.

Los cobros ejecutados provienen de diversos procesos judiciales, entre los que figuran “Los Temerarios del Crimen” y “Los limpios de la corrupción”, dos de las organizaciones criminales enquistadas en el norte del país; así como del denominado caso “La Centralita”, en el cual esta Procuraduría logró firmar dos acuerdos de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

También se logró una recuperación económica en casos vinculados a gobernadores regionales, alcaldes provinciales y municipales.

Evolución del cobro de la reparación civil. (Foto: Procuraduría)
Evolución del cobro de la reparación civil. (Foto: Procuraduría)

Sentencias

La Procuraduría liderada por informó, además, que durante el 2019 logró obtener en la vía judicial 435 sentencias firmes consentidas en procesos por delitos de corrupción favorables a los intereses del Estado, en las que se han impuesto reparaciones civiles ascendentes a un total de S/ 22’ 920, 099.99.

Entre las sentencias, figuran los siguientes casos:

· Caso: “Adquisición irregular de predios en el Fundo Oquendo”

En el 2019, el Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción del Callao sentenció a Félix Moreno Caballero y otros funcionarios del Gobierno Regional del Callao a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de Colusión, así como al pago de S/. 11´ 500, 000. 00 por la venta sobrevaluada de un terreno en el fundo Oquendo – Pachacútec de propiedad del Gobierno Regional del Callao.

· Caso: “Sobrevaloración en la construcción del Puente San Miguel Ex Puente Viejo”

El 9 de agosto del 2019, el Séptimo Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Piura sentenció a Javier Atkins Lerggios, ex gobernador regional de Piura, y otros a 10 años de pena privativa de la libertad suspendida, así como, al pago de de una reparación civil de S/ 4 193 153.78 por un irregular incremento en el monto del proyecto “Construcción del Puente San Miguel – Ex Puente Viejo”.

· Caso: “CORPAC”

Luego de cinco años de proceso, en el 2019, el Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción del Callao sentenció a Félix Manuel Moreno Caballero y otros funcionarios del Gobierno Regional del Callao y directivos de Corpac, a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito Negociación Incompatible, así como al pago S/.50´000,000.00 por reparación civil.

· Caso: “Comunicore”

En diciembre de 2019, el Poder Judicial sentenció a los ex funcionarios de la Municipalidad de Lima involucrados en el denominado caso “Comunicore”, uno de los principales casos de corrupción que ocurrió durante la segunda gestión del ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, por delitos contra la administración pública, imponiéndoseles 4 años de pena privativa de su libertad suspendida, la cual está condicionada al pago de S/ 260,000 por concepto de reparación civil.

Denuncias

Además, la entidad señaló que el año pasado impulsó a lo largo del año 2019, un total de 658 denuncias y ampliaciones de investigación ante el Ministerio Público.

Por ejemplo, se denunció a altos funcionarios vinculados a la presunta red delictiva “Los cuellos blancos del puerto”, además a excongresistas que tendrían vínculos con organizaciones criminales, así como a autoridades regionales y locales inmersas en diversos delitos de corrupción, entre otros funcionarios.

A continuación, se detallan algunas de las denuncias presentadas:

· Denuncia penal contra Keiko Fujimori Higuchi, así como contra los ex Congresistas de la República Miguel Torres Morales y Héctor Becerril Rodríguez, por el presunto delito de tráfico de influencias, en el marco del denominado caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

· Pedido de ampliación de investigación preliminar contra Edmer Trujillo Mori por el presunto delito de negociación incompatible en el marco de la construcción del Hospital de Moquegua cuando este se desempeñaba como Gerente General del Gobierno Regional.

· Denuncia penal contra Alan García Pérez, Verónica Zavala Lombardi, Lucia Aljovín Gazzani, Mario Arbulú Miranda, Enrique Cornejo Ramírez, Hernan Garrido Lecca Montañez, entre otros por l presunto delito de negociación incompatible y colusión por las presuntas irregularidades en la concesión del puerto de Paita, en Piura.

· Pedido de ampliación contra Luciana León Romero por el presunto delito de organización criminal, tras estar vinculada con la red delictiva “Los Intocables ediles”, que estuvo integrada por funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

· Denuncia penal contra Roberto Vieira Portugal por presunto tráfico de influencias, tras revelarse que solicitó dinero a cambio de levantar una sanción a una embarcación pesquera.

· Denuncia penal contra Jorge Meléndez Celis y Janet Sánchez Alva por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible, respectivamente, al estar vinculados con la contratación de la madre del hijo de Meléndez Celis en la Comisión de Ética del Congreso de la República.

· Denuncia penal contra César Bustamante Llosa por los presuntos delitos patrocinio ilegal y tráfico de influencias por sus presuntos vínculos con el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi.

· Denuncia penal contra Luis Arce Córdova, César Hinostroza Pariachi y Raúl Jesús Odar Cabrejos por los presuntos delitos de cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal en el marco del denominado caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Asimismo, se interpusieron, solo el 2019, 558 medidas de embargo en los procesos judiciales contra funcionarios por delitos de corrupción, las mismas que fueron aceptadas por el Poder Judicial.