Arévalo niega haber recibido presiones para emitir un pronunciamiento en favor de Ávalos

El último lunes la Sala Plena de la Corte Suprema decidió no pronunciarse por el caso que involucra a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien recientemente fue inhabilitada por el Congreso de la República.

“La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República acordó, por mayoría, no emitir pronunciamiento por el tema solicitado por algunos jueces supremos titulares, porque podría judicializarse con el riesgo de adelanto de opinión en materia constitucional y penal”, señaló el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.

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La idea, con el pedido, era que este tribunal analice la medida adoptada por el Congreso y emita un pronunciamiento en defensa de la autonomía de los magistrados que integran el sistema de justicia; sin embargo, decidieron no pronunciarse, por el momento.

Tras conocerse esta noticia, dos medios de comunicación denunciaron que tres miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) habrían presionado al presidente de ese poder del Estado, Javier Arévalo Vela, para que emitan un pronunciamiento de respaldo a Ávalos.

Al respecto, Arévalo negó que la Corte Suprema haya recibido presiones de otras entidades para adoptar una posición en favor de la exfiscal de la Nación, tal como se señaló en la prensa.

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“Acá hay que ser claros: al presidente del Poder Judicial y al Poder Judicial no lo presiona nadie, no se deja presionar por nadie. Eso es lo que puedo responder”, enfatizó.

Ayer la JNJ emitió un comunicado en el que rechazaron dichas versiones periodísticas, así como negaron que sus miembros se hayan tenido comunicación con magistrados de la Corte Suprema.

“La JNJ rechaza tajantemente que sus miembros hayan tenido comunicación con algún integrante de la Corte Suprema de Justicia para votar a favor de un pronunciamiento sobre el caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como informan dos medios de comunicación”, escribió la JNJ en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que, en mayo pasado, la JNJ pidió al Congreso que reconsidere su decisión de inhabilitar a Ávalos por el plazo de 5 años, al considerar que las “imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal”.

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