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El Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria contra la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, por la adenda al contrato suscrito con el consorcio Kuntur Wasi para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco.
La fiscal Zoila Sueno Chirinos, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, presentó la acusación contra Molinelli, actual presidenta de EsSalud, ante el Poder Judicial.
La formalización y continuación de la investigación también implica a Yaco Paulo Rosas Romero, Gianina Alejandra Beoutis Manrique, Hernán Omar Muñoz Valdivia, Camilo Nicanor Carrillo Purin y Nancy Zedano Martínez en calidad de autores del delito de colusión agravada.
Del mismo modo, la investigación también se extiende contra Alfredo Dammert Lira, César Balbuena Vela, Carlos Loret de Mola, José Carlos Balta del Río, Javier Rizo Patrón Larrabure, Ximena María Zavala Lombardi y Patricia Teullet Pipoli, en calidad de cómplices primarios del delito de colusión agravada.
El documento remitido por la fiscal Sueno Chirinos también señala que el plazo de la investigación preparatoria se extenderá por ocho meses, tiempo en el cual se realizarán diversas diligencias, entre las cuales figura la ampliación de la declaración de Fiorella Molinelli.
Para esto, la fiscalía ha citado a la exviceministra de Transportes al Ministerio Público para el próximo 23 de setiembre a las 8:30 a.m. Ella deberá estar acompañada de su abogado defensor "bajo apercibimiento de ser conducida compulsivamente en caso de inconcurrencia".
Como se recuerda, en abril del 2014 se otorgó la concesión para la construcción del aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi, conformado por Andino Investment Holding (AIH) y Corporación América, vía una asociación público-privada (APP). A su vez, el consorcio solicitó un cofinanciamiento de US$ 264,7 millones.
Dos años después, en el 2016, se señaló que el contrato original estaba mal redactado, ya que no especificaba un tope del interés que debía ser pagado por el cofinanciamiento que pediría el concesionario para la construcción del aeropuerto de Chinchero.
Antes los cuestionamientos al contrato, se planteó una adenda al mismo, que se suscribió en febrero del 2017 bajo la premisa de que corregiría varios errores y evitaría otros varios. El acuerdo quedó sin efecto el 21 de mayo del mismo año tras una disputa pública con la Contraloría, que había anunciado una auditoría a la obra y la adenda.
Cabe precisar que fue el procurador anticorrupción Amado Enco quien presentó la denuncia por el caso Chinchero en marzo del 2017 por el presunto delito de colusión. Esta denuncia dio origen a la investigación fiscal, a cargo de Zoila Sueno, que ha durado casi dos años.