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El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto Palacios, formuló un llamado a la transparencia y exigió a la Ministra de Educación, Miriam Ponce Vértiz, y a la Presidenta Ejecutiva del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, Karin Cáceres Durango, un informe exhaustivo sobre las acciones de fiscalización en los centros educativos privados durante los últimos seis meses.
El titular de la comisión a través de dos oficios, enmarcados en la evaluación del cumplimiento de la Ley 27665, conocida como la Ley de Protección a la Economía Familiar en lo referente al pago de pensiones en centros y programas educativos privados, expresó su preocupación ante el alza de las pensiones escolares a nivel nacional para el año escolar 2024.
El legislador informo que la ley, que establece límites y condiciones para el cobro de pensiones en instituciones educativas privadas, busca resguardar la estabilidad económica de las familias que optan por este tipo de educación. “Ante el reciente incremento de pensiones, se busca asegurar que las instituciones educativas respeten las disposiciones legales para prevenir posibles afectaciones a los padres de familia”, refirió.
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Soto Palacios señaló que “la Comisión ha instado a las autoridades competentes a informar de manera urgente sobre las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios de servicios educativos escolares y esperamos conocer las estrategias que se implementarán para mitigar cualquier impacto económico adverso para los padres de familia, todo dentro del marco de las competencias de las autoridades educativas” acotó.
Señaló que el informe solicitado permitirá una evaluación minuciosa de la situación y la adopción de medidas efectivas para garantizar que el acceso a la educación privada siga siendo una opción viable para las familias.
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La solicitud indicó se fundamenta en los artículos 96 y 97 de la Constitución Política, así como en el artículo 22 inciso e) y el artículo 87 del Reglamento del Congreso, subrayando la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito educativo.
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