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La comisión de Constitución inicia hoy el debate del proyecto de reforma política sobre financiamiento de partidos políticos.
Esto ocurre luego de que el pleno, el pasado jueves, aprobara el retorno a comisión del proyecto de ley que creó el delito de financiamiento ilegal de agrupaciones.
La iniciativa, aprobada en diciembre del 2018, fue cuestionada porque abría la puerta a que la recepción de aportes ilícitos no sea tipificada como una modalidad de lavado de activos.
Para la sesión de hoy han sido invitados el titular de la PCM, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quienes tendrán que sustentar la propuesta del Gobierno.
No obstante, el grupo presidido por Rosa Bartra, en su predictamen, realizó cinco modificaciones al proyecto del Ejecutivo respecto a las penas del delito.
Se elevan las penas
El predictamen estipula que la persona que solicita o recibe aportes ilícitos podría recibir una pena no menor de tres ni mayor de 10 años.
La propuesta del Gobierno contemplaba una condena no menor de dos ni mayor de cinco años.
Candidatos
En el caso de candidatos o tesoreros del partido la sanción se agrava, ya que podrían recibir una pena de cárcel no menor de cinco ni mayor de doce años.
La misma pena será aplicada para aquella persona que entregue o reciba un aporte superior a las 20 UIT; es decir, S/ 84,000.
El proyecto del Gobierno planteaba una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años para el candidato infractor.
Aportes anónimos
El Ejecutivo, en su proyecto, precisó que todo aporte anónimo, sea cual sea su valor, es una fuente de financiamiento indebida.
No obstante, la comisión plantea fijar un tope para permitir estas donaciones.
El predictamen estipula que un aporte anónimo será ilegal solo si es mayor a las 150 UIT; es decir, S/ 630,000.
Funcionarios
El proyecto del Ejecutivo planteaba que aquel funcionario, policía o miembro de las FF.AA. que incurriera en el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos será sancionado con tres años de inhabilitación para ejercer cargo alguno.
No obstante, la Comisión de Constitución, en su predictamen, retiró dicho planteamiento.