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La comisión de Constitución inició esta mañana el debate del proyecto de ley que busca implementar tribunales con jueces sin rostro para atender procesos contra organizaciones criminales, que causó polémica.
Durante su intervención, el legislador de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, Juan Burgos, quien es creador del proyecto de ley, explicó que lo que busca es contribuir a erradicar la violencia y promover la seguridad de los jueces que enfrenten casos complejos.
En ese sentido, recordó el caso de un presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien fue amenazado por un delincuente durante una audiencia virtual.
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“Hemos visto cómo la violencia nos está ganando (...) estamos ante una emergencia por la criminalidad y no le podemos dar la espalda al país”, indicó.
El legislador también mencionó como ejemplos lo que ocurrió recientemente en Ecuador, que atravesó por una ola de violencia por el crimen organizado, así como El Salvador, cuyas medidas ayudaron a reducir los índices de criminalidad.
“Los que se oponen probablemente tengan mucha seguridad o tengan 200 efectivos de la Policía para que los resguarden. Los jueces no los tienen, el presidente de la Corte Superior de Justicia de una región solo tiene un seguridad del Estado”, cuestionó.
La presidenta del grupo de trabajo, Martha Moyano, indicó que en las siguientes sesiones se recogerán las opiniones de expertos y que, posteriormente, se procederá a redactar el dictamen respectivo para su debate.
La norma en mención estipula que “la identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado es secreta y se preserva de acuerdo al procedimiento establecido por el Poder Judicial”.
Asimismo, establece que los fiscales y jueces no requieren firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, pues su identificación se preserva con los códigos dispuestos por este poder del Estado.
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Las posturas del Ejecutivo y Poder Judicial
A inicios de este mes, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, reconoció que en el Ejecutivo aún no hay una posición clara frente a esta propuesta y que, en su momento, emitirán una opinión técnica.
“Vamos a esperar que este proyecto ingrese a la Comisión de Justicia y, en su momento, el Ejecutivo emitirá la opinión correspondiente”, dijo en conferencia de prensa.
Si bien reiteró que dentro del Gobierno existen posturas diversas respecto al proyecto de ley, recalcó que aún no hay un posicionamiento claro, por lo que esperarán a que se inicie el debate respectivo en el Parlamento.
“Entiendo que el Poder Judicial tiene los órganos que deben tomar una decisión, tiene la Sala Plena, que es el máximo órgano de deliberación, entiendo que todavía no ha tomado una postura nuestra Corte Suprema ni el presidente del Poder Judicial”, aseveró.
Sin embargo, recordó como dato que el Poder Judicial tuvo que volver a enjuiciar aquellos casos de terrorismo resueltos por jueces sin rostro después de 10 a 15 años, con las dificultades probatorias que ello implica.
“Cuál sería el mensaje? ¿esa situación a favor de quién jugó? De la impunidad, esos casos anulados traen dificultad probatoria, muchos testigos mueren, en otros casos migraron y no era posible ubicarlos. Qué podía hacer un juez, un fiscal; en esa época se manejaba el atestado policial, si era consistente propicio una sentencia condenatoria, si era débil sentencia absolutoria”, refirió.
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