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El Congreso de la República se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras la reciente aprobación de un proyecto de ley que, según los diversos gremios periodísticos, representa una amenaza contra la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión en el país.
La propuesta, impulsada por el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre), recibió el respaldo de ocho legisladores, mientras que otros ocho se opusieron. Ante este empate en la votación, el titular de la comisión, Américo Gonza, emitió su voto dirimente a favor del proyecto, lo que terminó por inclinar la balanza hacia un sentido.
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Además de Perú Libre, legisladores de APP, Renovación Popular (RP), Bloque Magisterial y Acción Popular respaldaron el texto, mientras que congresistas de Fuerza Popular, Avanza País y Cambio Democrático-Juntos por el Perú lo rechazaron.
Ahora, la norma deberá pasar al Pleno para su debate y posterior aprobación; no obstante, se desconoce una fecha exacta.
¿Qué plantea el proyecto de ley?
La iniciativa plantea incrementar la pena del delito de calumnia y difamación, así como coloca la obligatoriedad de que se pague una reparación civil a favor del querellante.
De acuerdo al dictamen, si el delito de difamación se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y de 120 a 365 días multa y reparación civil en favor del querellante.
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A pedido del excongresista y actual integrante del equipo técnico de la comisión de Justicia, Josué Gutiérrez, en el documento se añadió “las redes sociales, sitios web, páginas web, portales y otros”, pese a la oposición de algunos legisladores.
“Lo que se busca con la iniciativa legislativa es fortalecer la defensa del honor, la integridad moral, la buena reputación y la intimidad personal del individuo, que son derechos fundamentales de la persona y familia. En ese sentido, resulta importante que este tema se involucre a distintos sectores del Estado y de la sociedad civil, en general. No se puede seguir afrontando este tema de una manera aislada”, se lee en el dictamen.
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En el proyecto también se recalca que este tipo de ilícitos penales (difamación y calumnia) han afectado duramente a las personas y a su entorno familiar, por lo que se requiere hacer ajustes a sus penas.
A través de unos oficios dirigidos a la comisión, tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio de Justicia se opusieron a los cambios planteados en el texto.
Para la institución dirigida por Eliana Revollar los tipos penales de injuria, calumnia y difamación “tienen una incidencia directa en el ejercicio de las libertades de expresión e información, por lo que toda propuesta de reforma debe tener en cuenta estándares sobre ambas libertades”.
En ese sentido, concluyeron que el documento en mención contraviene lo estipulado en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo que se refiere a las “normas orientadas a sancionar de forma más severa los delitos de calumnia y difamación”.
En tanto, el sector liderado por José Tello determinó que los cambios al Código Penal, planteados en el proyecto, “no son viables en tanto no se ha sustentado debidamente las razones que justifican la cuantía en el incremento de la pena que se propone”.
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Tres miradas distintas sobre la iniciativa
Este diario se contactó con tres expertos vinculados al tema, quienes tuvieron posiciones distintas.
Para el constitucionalista y docente de la Universidad de Lima, Erick Urbina, el proyecto aprobado en la comisión de Justicia, en principio, es constitucional y no vulnera ningún derecho fundamental.
“Va en la línea de lo que actualmente se regula en esta materia. En ningún caso se está colocando en un supuesto de pena privativa de la libertad efectiva, porque para que esto suceda usualmente tiene que haber más de 4 años de cárcel; sin embargo, la tendencia a nivel internacional es que se indemnice, es decir, que haya una reparación civil, que termine de una manera u otra reparando el daño. En principio no está vulnerando ninguna norma y me parece positiva la modificación”, señaló.
A su juicio, no hay una justificación para incrementar la pena del delito (difamación) hasta los cuatro años, porque no tendrá efectividad; no obstante, consideró como un acierto lo de la reparación civil.
“Ya en el debate en el Pleno podría ponerse un candado en la norma para consignar que siempre ha de preferirse la reparación civil antes que la pena efectiva”, enfatizó.
Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que el tema no pasa por incrementar la pena de los delitos de difamación y calumnia, sino que se tiene que realizar un proceso inmediato y célere para castigar este tipo de delitos.
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“El problema es que estos procesos, cuando se llevan a la vía judicial, demoran demasiado tiempo. Puede durar 3 o 4 años hasta que la Corte Suprema lo resuelva, porque cuando se trata de un acto de difamación a través de un medio de comunicación o algún medio que implique una información masiva, el proceso tiene que llegar hasta esa instancia. Entonces, entre el año que se establece como sanción y el tiempo que dura el proceso, esto pierde capacidad disuasiva”, cuestionó.
En ese sentido, dijo que el proyecto más que plantear el aumento de las penas de estos delitos, debe incorporar un proceso judicial inmediato que no debe demorar más de 30 días.
“Aumentar las penas para el agraviado no mejora sustancialmente la situación, porque el que difama está amparado por un medio de comunicación, porque tiene agotarse toda una vía judicial y porque la reparación civil es irrisoria. Acá lo que hay que hacer es definir la situación legal lo más rápido posible para que sirva como un precedente que realmente impacte ante la opinión pública”, indicó.
Se busca asustar al periodismo
En el gremio periodístico hay preocupación en torno a esta iniciativa. Para el presidente del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Augusto Álvarez Rodrich, este propuesta carece absolutamente de rigor técnico porque plantea unos cambios innecesarios y que ya están estipulados en el actual ordenamiento procesal.
“El tema de la reparación civil ya está regulado. Entonces, lo que están haciendo es ahondar en lo que ya está en las normas. Sobre el incremento de penas, acá lo peligroso es que se está planteando la posibilidad de que haya una pena de cárcel efectiva para los casos de difamación a través de medios de comunicación o en redes sociales, y eso va en contra de todo lo que es la tendencia regional de reducir la intervención penal en los casos de delitos contra el honor, o incluso despenalizarlos cuando se trata de casos vinculados a personajes públicos”, indicó a Gestión.
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En ese sentido, consideró que desde el Congreso lo que se busca es tratar de asustar y amedrentar a los periodistas para que no realicen denuncias sobre temas vinculados a corrupción o malos actos por parte de los políticos, como los propios legisladores.
“En IPYS creemos que la honra de una persona es muy importante, pero ya existen normas en este momento que regulan eso. Si alguien cree que su honra ha sido mancillada, va al Poder Judicial y ahí se dirime, pero no creemos que aumentando las penas simplemente van a lograr el objetivo que quisieran”, acotó tras precisar que esta norma no disuadirá a los hombres de prensa, quienes seguirán denunciado e investigando a los políticos en general.
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El otro proyecto de ley
Esta no es la única iniciativa que pone en jaque a los medios de comunicación y los periodistas. La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que busca que solo los periodistas con título y colegiados ejerzan la profesión.
De acuerdo al texto, planteado por Noelia Herrera, se busca crear un entorno que favorezca la profesionalización de los medios de comunicación con la participación de periodistas y comunicadores titulados, así como facilitar su incorporación en sus respectivos colegios profesionales y permitir el autocontrol de la ética en el desarrollo de sus labores.
También precisa que los medios de comunicación que se encuentren regulados por el Ministerio de Transportes informarán a esa institución de forma progresiva y en un plazo no menor de cinco años la aplicación de la ley.
Al respecto, Rodrich recordó que el tema ya está regulado y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso, desde el año 1985, que no puede impedir la labor del periodista al colocar como requisito su colegiatura o el estar titulado, tal como pretende el proyecto.
“Con todo respeto pero no siente que el Colegio de Periodistas del Perú sea una institución que nos pueda dar enseñanzas de ética”, dijo el comunicador.
En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazó la propuesta al señalar que afecta las libertades informativas.
“Este gremio históricamente ha advertido el peligro de sujetar el quehacer periodístico a una entidad en particular”, advirtieron.
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