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No se ha cumplido ni 30 días en el cargo, y el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada afronta una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado, y también enfrenta un arbitraje, todo con la empresa española Constructora San José.
La investigación está referida a presuntas irregularidades en el contrato que en mayo del 2018 suscribieron Provías Nacional, cuando Lozada era director ejecutivo de esta entidad, y la empresa Constructora San José por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz en Puno, proyecto que hoy se encuentra paralizado y con contrato resuelto.
Pero la historia no termina ahí, pues la empresa española Constructora San José ha iniciado un proceso de arbitraje contra el Estado peruano, por la misma obra que en cuestionamiento, debido a su paralización.
La empresa considera que los motivos alegados para dicha resolución “carecen de fundamento”, por lo que el Grupo San José pondrá en marcha un procedimiento arbitral contra el Estado peruano, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
Se trata del contrato que Provías Nacional adjudicó en 2018 a la constructora San José para la mejora de esta carretera, una infraestructura de 73 kilómetros de longitud que incluía la construcción de cuatro puentes en una altitud cercana a los 4,000 metros.
En la información que remiten al mercado de valores de España detalla que Provías Nacional ha justificado la resolución del contrato en un supuesto incumplimiento del mismo.
No obstante, desde Grupo San José han adelantado su intención de solicitar el inicio del procedimiento arbitral previsto en el contrato al considerar que los motivos alegados para la rescisión del mismo "carecen de fundamento".
Detallan que, el importe de la cartera pendiente de ejecución a esta fecha asciende aproximadamente a 30.5 millones de euros (alrededor de S/ 133 millones), la compañía advierte de que en estos momentos "no es posible evaluar" el efecto que este conflicto contractual pueda tener en los resultados de la sociedad.
Investigación fiscal
Por su parte, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó la investigación preparatoria contra Lozada y otras cuatro personas.
Las irregularidades en esta obra, que tuvo un valor inicial de más de S/242 millones, fueron denunciadas por una de las empresas competidoras que había perdido la licitación y que sostenía que el contrato se suscribió con una firma que no había acreditado el RUC, el registro único de contribuyente, ni su código de cuenta interbancario.