Existen 30 casos de conflictos sociales sobre los que las autoridades deben prestar atención ante su posible estallido, así lo alertó la Defensoría del Pueblo.

Del estudio se desprende que cinco de ellos se ubican en Puno, mientras que Cusco, Junín, Áncash, La Libertad y Loreto presentan dos controversias, respectivamente. Además, existen tres que involucran a más de una región.

De los 30 casos, 15 son de tipo socioambiental, cinco corresponden a gobiernos locales, cuatro a gobiernos regionales.

Al respecto, la Defensoría de Pueblo sostuvo que “su conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de las controversias”.

Solo dos

De acuerdo al informe defensorial, en el mes de junio se presentaron 198 conflictos sociales, similar número al de mayo, pues si bien se resolvieron dos controversias, ingresaron al listado otras dos.

Se sumó el de la comunidad nativa de Santa Rosa y Belén de Plantanayacu (Loreto) quienes exigen beneficios por la actividad petrolera en la zona.

Así también, el de cultivadores de hoja de coca de las cuencas de La Convención, Yanatile y Kosñipata – Paucartambo (Cusco) quienes reclaman al Gobierno nacional el incremento del precio de la planta y la reorganización de Enaco.

Además, en el estudio se indica que existen 144 conflictos activos, de ellos el 57% se encuentran en proceso de diálogo, de estos el 92% se ve a través de mesas de diálogo, ocho se encuentran en reuniones preparatorias. También se observa que 70 casos cuentan con presencia de la Defensoría.

Socioambiental

De los 126 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante junio, la Defensoría da cuenta que 83 casos corresponden a conflictos relacionados a la actividad minera. Le siguen los de actividades hidrocarburíferas con 17 casos y nueve corresponden a energía.

De otro lado, en el informe se indica que 119 casos presentaron al menos un hecho de violencia desde que se iniciaron, mientras que 48 conflictos pasaron a etapa de diálogo después de un hecho de violencia.