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La Defensoría del Pueblo afirmó que el presidente electo, Pedro Castillo, tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y alejar de su entorno a personas investigadas y condenadas por delitos relacionados a este flagelo.
A través de una nota de prensa, la institución felicitó a Castillo Terrones por la proclamación presidencial de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y resaltó el rol que cumplen las autoridades y funcionarios del Estado en la lucha contra la corrupción.
“Consideramos que el presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”, aseveró.
La Defensoría indicó que la “cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción, resulta especialmente peligrosa”, ya que pone en riesgo la “objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”.
Además, resaltó que el artículo 110° de la Constitución Política señala que el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación, por lo que le corresponde encarnar y liderar el combate contra la corrupción, que genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles del erario nacional, tal como lo ha expresado la Contraloría General de la República.
“El costo de este flagelo no es solo económico, sino también representa un obstáculo para garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales y la adecuada prestación de servicios públicos en nuestro país”, detalló.
En esa línea refirió que la “corrupción no solo socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones, sino que provoca vulneraciones en los derechos de las personas y, con mayor intensidad, en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
Como se recuerda, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción de funcionarios.