La posición de miembros de la Comisión Permanente sobre propuesta en TC de rechazar demanda competencial

Diversos integrantes de la Comisión Permanente opinaron sobre el planteamiento del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos para declarar infundada la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea contra la disolución del Congreso.

Luz Salgado (Fuerza Popular) señaló que de darse un fallo así, “se estaría creando un precedente nefasto”, por lo que primero pidió “analizar cuáles son las razones que motivan” la ponencia de Carlos Ramos.

"Habrá que analizar bien porque el cierre de un Congreso elegido por los ciudadanos no puede servir de precedente para que luego cualquier presidente que venga, si no le gusta, lo cierre a su antojo. Simplemente habría inestabilidad jurídica. Lástima, a próximo de celebrar el bicentenario estaríamos en un peligro. Se estaría creando un precedente nefasto", aseveró.

Por su parte, Karina Beteta, también de la bancada fujimorista, afirmó que de darse una sentencia como la que propone Ramos, será “la historia” quien “juzgará” a los integrantes del Tribunal Constitucional.

"Las resoluciones que están ajustadas a la Constitución y a las leyes se respetan, aquellas decisiones que están fuera del marco constitucional, tenemos derecho a criticarlas. Yo espero que los miembros del Tribunal Constitucional puedan resolver el tema de acuerdo a la Constitución y para la historia. Que no sean resoluciones para satisfacer actitudes dictatoriales. Será la historia quien tendrá que juzgar a quienes son los responsables y si los miembros del Tribunal Constitucional no hacen respetar la Constitución, será la historia quien los juzgará", enfatizó.

En tanto, Gilbert Violeta (Contigo) indicó que a favor del Ejecutivo juega el tiempo transcurrido luego de la disolución del Congreso, por lo que sería un “escenario improbable” que el TC decida dejar sin efecto la medida y las elecciones en curso, así como reinstalar el Parlamento.

"Es una sorpresa la verdad. Creo que era bastante previsible que transcurridos los días, el Tribunal Constitucional no quiera tirarse abajo el proceso electoral que está en curso porque además eso significaría dejar sin efecto el cierre del Congreso, el proceso electoral y el Congreso reinstalarse. Es un escenario improbable. Lo que esperamos del Tribunal Constitucional es que por lo menos establezca con meridiana claridad cuáles son los supuestos sobre los cuales se puede desarrollar un cierre del Parlamento y que haga un llamado de atención al Ejecutivo por la forma en que lo ha hecho", manifestó.

A su vez, Clemente Flores (Peruanos por el Kambio) consideró que el planteamiento de Carlos Ramos “se veía venir” porque desde un inicio el procedimiento no era lo que corresponde porque el Congreso ya había sido disuelto, por lo tanto no correspondía presentar una demanda en ese sentido. “Ha sido estrictamente dentro del marco constitucional que está resolviendo el Tribunal [Constitucional]”, mencionó.

Finalmente, Marco Arana (Frente Amplio) consideró que no hubo golpe de Estado ni una dictadura y dijo esperar que el TC tome una “decisión adecuada” y no emita una “sentencia controvertida”.

"La disolución del Congreso era perfectamente constitucional y además legítima porque venía usando la mayoría para obstruir a la justicia, para proteger a congresistas que han robado gasolina, que han cambiado los precios en la compra de tierras como ha ocurrido en el Cusco", subrayó.

Según el diario ‘El Comercio’, Carlos Ramos plantea al pleno del organismo declarar infundada la demanda competencial presentada por Olaechea, titular de la Comisión Permanente, contra la disolución del Congreso dispuesta por el presidente Martín Vizcarra.

Olaechea presentó la demanda competencial el pasado 10 de octubre asegurando que el Ejecutivo no tiene competencia para solicitar una cuestión de confianza sobre atribuciones que le corresponden exclusivamente al Legislativo, como el proceso de selección de los magistrados del TC.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra consideró que hubo una “denegación fáctica” de la cuestión de confianza propuesta por su gobierno y, por ello, decidió disolver el Parlamento el 30 de setiembre del año pasado.