El 59% de peruanos señala que la corrupción perjudica su economía familiar

Panorama difícil. Para el 81% de peruanos la corrupción  ha crecido durante los últimos cinco años y para el 53 % la situación empeorará. Así lo señala la XII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética ejecutada por Ipsos.

Por primera vez desde el año 2004, el gobierno central es percibido como una de las instituciones más corruptas. El 42% la percibe así, es decir 32 puntos porcentuales más si se compara con el estudio del  2019. Está percepción es mayor en Lima con 52% le sigue el norte con 43% y el Oriente con 40%.

El  Congreso de la República del Perú encabeza la lista con 60%, es decir 16 puntos menos  que en el 2019. Así lo cree el 37% en el centro del país y 36% en el sur. Sigue sobre su promedio histórico por encima del Poder Judicial (34%).

¿Cómo afecta?

El 86% de peruanos cree que la corrupción lo perjudica en su vida cotidiana. La encuesta detalla que el 59%  considera que perjudica su economía familiar, y el 34% señala que reduce  sus  oportunidades y las de sus familiares de conseguir empleo.

Además, el 58%  refiere que afecta al país ocasionando menor crecimiento económico y el 55% indica que genera más pobreza y  desigualdad.

Obras Públicas

En la encuesta ocho de cada 10 peruanos considera que los tres niveles de gobierno (central, regional y local) ejecutan obras públicas con algún nivel de corrupción.

El gobierno regional sería el nivel de gobierno con mayor propensión a la corrupción en la ejecución de obras públicas (80%). El gobierno nacional (78%) y el gobierno municipal (75%).

Instituciones no funcionan

Para los peruanos es mediocre el desempeño contra la corrupción de algunas instituciones. El Congreso obtiene la peor calificación (83% lo evalúa mal o muy mal),

seguido del gobierno central (73%) y los partidos políticos y movimientos regionales (72%). En el caso de la  Fiscalía el 59%  califican su actuación de mal o muy mal, la Procuraduría anticorrupción  (56%).

Medidas a seguir

Frente a este panorama de desánimo social, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, señaló que más allá de una necesaria salida al actual entrampamiento político, es indispensable garantizar que no se siga retrocediendo en las reformas que se había iniciado en años anteriores, en particular la modernización del servicio civil, la función de integridad

pública, la justicia, el financiamiento de la política, la transparencia y el acceso a la información pública o el control gubernamental.

“Además de iniciar discusiones técnicas serias sobre una reforma al régimen de contratación pública para que las obras públicas dejen de ser vistas como un botín por parte de autoridades y empresas corruptas”, agregó Rotta.