En solo seis meses la Contraloría identificó a 1,242 funcionarios involucrados en hechos irregulares

En conferencia de prensa, el Contralor General de la República, Nelson Shack, presentó los resultados del “Megaoperativo de control al Gobierno nacional” que hizo su institución entre los meses de marzo a agosto de este año.

En total, se supervisaron 356 entidades públicas. Del Poder Ejecutivo fueron 240 los organismos auditados (ministerios, organismos públicos descentralizados, programas, superintendencias), mientras que del Congreso y el Poder Judicial fueron 7 las entidades fiscalizadas. En lo que respecta a los organismos autónomos (Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Reniec, Onpe, entre otras), 65 fueron analizadas, así como 44 universidades públicas.

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Los auditores de la Contraloría realizaron 3,181 servicios de control, de los cuales 967 fueron de control posterior y 2214 de control simultáneo. En total, la institución auditó un monto ascendente a S/ 109,274 millones correspondiente a ejecuciones presupuestales del 2016 al 2023.

Los principales sectores intervenidos fueron Transportes y Comunicaciones (40%), Educación (20%), Saneamiento (13%), Económico financiero (8%), Agropecuario (6%), Orden público (4%), Energía (4%), Salud (2%) y otros (3%).

¿Cuál es el perjuicio detectado y cuántos funcionarios están involucrados en hechos irregulares?

En otro momento, Shack informó que en solo seis meses se identificó a 1,242 funcionarios públicos involucrados en hechos irregulares; es decir, afrontan presuntas responsabilidades civiles, penales y/o administrativas.

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De estos 1,242 funcionarios, 1030 trabajan en el Poder Ejecutivo, 17 laboran en otros poderes del Estado (Poder Judicial y Congreso), 60 en organismos autónomos y 135 en universidades públicas.

Estos funcionarios tendrían una a más responsabilidades en el ámbito administrativo (841), administrativo PAS (202), civil (474) y penal (321).

Producto de este Megaoperativo, la Contraloría detectó un perjuicio económico por S/619 millones en el Poder Ejecutivo, otros poderes del Estado (Congreso y Poder Judicial), organismos autónomos y universidades públicas en el periodo que comprende desde el año 2016 al 2023.

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Finalmente, Shack informó que, con el control simultáneo, se alertó a los titulares de las entidades públicas sobre hechos o situaciones adversas que ponen en riesgo la ejecución del gasto público, con la finalidad que realicen correcciones. En total se identificaron 4,264 situaciones adversas producto de 2,214 servicios de control simultáneo.

De dicha cantidad, a la fecha 1,477 situaciones adversas identificadas fueron resueltas, mientras que 2,041 aún no presentan acciones, pero se encuentran dentro del periodo de 45 días para atender la alerta, y 746 aún no fueron corregidas hasta ahora.

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