La presunta organización criminal que lidera , según la Fiscalía, captó un total de US$ 2’454,366 entre los años 2010 y 2011 en el marco de la campaña presidencial, la cual ganó .

En la resolución, José Domingo Pérez afirma que ni Fujimori ni han podido explicar la procedencia de este dinero que habría sido finalmente lavado.

Sin embargo, traza una tesis sobre su origen.

Para la Fiscalía, el dinero se lavó a través de ingresos o aportes de los familiares y allegados de Yoshiyama y Bedoya, que corresponden a 16 aportes, por una suma que ascendería a US$ 580,702.

Además, se indica que los activos se lavaron con ingresos provenientes del exterior de un total de 24 aportantes (personas naturales y jurídicas). Todo esto suma un total de US$ 492,248.
Se señala que estos aportes podrían haber sido ingresados por “los transportistas, tramitadores o depositantes (mulas o burriers)” Ángela Bautista Zeremelco y Daniel Mellado Correa, que hicieron depósitos por el monto de US$ 100,000 y US$ 458,073, respectivamente.

El Ministerio Público también halló irregularidades en las finanzas por tipo de aporte: fraccionados o “pitufeo” (17), negados por los aportantes (18) y no sustentados (13).

Se tiene el caso de 48 personas que se encuentran figurando como aportantes con un monto injustificado ascendente a US$ 731,388.
Finalmente, habría existido la suplantación de 114 personas como aportantes, cuyos aportes ascenderían a la suma total de US$ 649,573.

Todos estos aportes suman los más de US$ 2.4 millones.
En dicho monto no están incluido los aportes que, según Barata y ahora la Fiscalía, entregó por un total de US$ 1.2 millones.

¿Y el dinero de Odebrecht?

La presunta organización criminal habría lavado el millón de dólares entregado por Jorge Barata entre los años 2010 y 2011.

Los primeros US$ 500,000, en el año 2010, habrían sido lavados, según la Fiscalía, con el nombre de “ingresos por actividades proselitistas”. Bajo ese concepto se recaudó presuntamente el monto total de S/ 2’125,235.02, sobre los cuales no se identificaron a las personas que participaron en los cocteles, así como a quienes adquirieron los boletos de la “gran rifa”.

Los otros US$ 500,000, entregados en el año 2011, habrían sido lavados bajo el concepto de “aportaciones individuales” y como “ingresos por actividades proselitistas”. Con este marco, el fujimorismo habría recaudaron S/ 17’450,753.

Igualmente, se habría solicitado la participación de Ricardo Briceño Villena, como exrepresentante de la Confiep. Según el Ministerio Público, el ejecutivo solicitó dinero a la firma brasilera, a fin de ingresar “de forma indebida” US$ 200,000 para la campaña de Fujimori en el 2011.

Trabajo en equipo

Según la resolución judicial, para que Fuerza Popular ingrese dicho dinero a sus arcas recurrió a Erick Matto Monge, quien se habría encargado de captar a los falsos aportantes durante la campaña.

También se indica que posteriormente, tanto Ytalo Pachas Quiñones como Nolberto Rimarachín, amenazaron a los falsos aportantes, a fin de que no digan la verdad. Asimismo se señala que hubo personas como Bautista Zemereleco y Mellado Correa, quienes habrían transportado los activos ilícitos para depositarlos en las cuentas de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, en el Scotiabank.

Finalmente habrían usado a Luis Alberto Mejía, personero del partido y hoy funcionario del Congreso, y a Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, para obstaculizar y ocultar el dinero lavado.

¿Keiko sabía todo?

La Fiscalía sostiene que Keiko Fujmori habría dispuesto que para el lavado de estos activos, se realicen actos de conversión y transferencias.

Para ello, designó a las tesoreras Adriana Tarazona Cortés, Antonieta Gutiérrez Rosati y Ana Cecilia Matsuno Fuchigami.

El contador Rafael Herrera Mariños se encargó de la creación de actividades proselitistas: una rifa, cocteles y cenas. Para la Fiscalía, dichas actividades no justifican los ingresos que el partido fujimorista consignó en sus informes financieros que presentó ante la ONPE.
También se observa que dicha institución no “supervisó debidamente” la información entregada.

Para José Domingo Pérez, hay personas que laboraron en el área de la Verificación y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE que emitieron informes para favorecer a la presunta organización criminal en el lavado de activos.